Los movimientos sociales han ganado fuerza en una sociedad con mayor poder de organización. Y Aysén ha sido uno más. Se avecina otro conflicto en Calama, y la lista podría peligrosamente seguir.En una primera lectura, pareciera razonable que haya un trato especial en zonas extremas, como de hecho existe hoy. Porque, si bien en estricto rigor la localización de la gente se hace en forma voluntaria, en la práctica, existen restricciones de distinta índole, y por lo tanto, sería apropiado compensar a los compatriotas que hacen soberanía, donde, además, resulta estratégicamente valiosa su permanencia.
Por otra parte, también se ha argumentado que los recursos públicos son escasos y, en consecuencia, su uso debe ir a enfrentar la brecha de la extrema pobreza, variable que no necesariamente tiene que ver con la distancia física dentro del territorio nacional.
El problema de fondo, entonces, pareciera que tiene que ver con el grado de descentralización de las decisiones públicas. Antes de ahondar en este punto, permítaseme recordar que la teoría económica nos señala que la acción de Estado se justifica ante la existencia de externalidades (cuando existen diferencias entre costos y beneficios sociales y privados), los bienes públicos (cuando el consumo por parte de una persona no impide que otras también lo consuman) y la redistribución del ingreso. En los dos primeros casos, el mercado no asegura el óptimo social, por lo que el Estado tiene un rol relevante que cumplir, por ejemplo, en el caso de externalidades podrá definir y proteger los derechos de propiedad, de tal forma que los agentes internalicen todos los beneficios y costos sociales de sus decisiones; en el caso de bienes públicos, podrá definir su financiamiento y determinar la cantidad a producir.
Luego, una vez definido el rol de Estado en el ámbito económico, ¿cuál debería ser el grado de centralización en las decisiones? Dependerá del ámbito de acción que tendrán los elementos antes mencionados. Así, cuando se trate de bienes públicos o externalidades cuyos beneficios y costos se esparcen por todo el país, independiente de la ubicación geográfica (ejemplo: defensa nacional, relaciones exteriores, funcionamiento del sistema financiero, niveles básicos de educación, salud pública), debería ser el Gobierno Central quien decida al respecto. Cuando se trate de bienes públicos o externalidades cuyos costos y beneficios se circunscriben a una zona geográfica (ejemplo: ornato y aseo de áreas comunes, infraestructura vial no estructurante, alumbrado público, plazas, contaminación, sitios eriazos, etc.), debería ser competencia de los gobiernos locales. Esto tiene implícito que se den las libertades a los gobiernos locales para fijar ciertos impuestos o precios que permitan financiar la cantidad del bien público que la población local desea. En el caso de la redistribución, entendiendo ésta como la igualdad de oportunidades, podría asemejarse a las externalidades nacionales: el que un compatriota pueda superar la pobreza y realizarse plenamente por sus propios medios es algo que beneficia a la sociedad entera y por lo tanto todos debiéramos estar dispuestos a pagar por ello. Las diferencias de oportunidades generan costos no solamente en los afectados. Dado, entonces, que es un problema nacional, las decisiones relacionadas en la materia y su financiamiento deberían provenir del Gobierno Central.
La descentralización no sólo tiene sentido porque las decisiones se tornan óptimas, sino también porque limitan las ineficiencias en la asignación y usos de los recursos. Las políticas del gobierno deberían ser neutras respecto de la ubicación geográfica de sus habitantes. Así, la ubicación geográfica de las personas debe ser determinada por los beneficios y costos sociales que ella implica y no por la diferencia en los beneficios que puede recibir por parte del Estado. Se echa de menos un debate en esta línea de razonamiento.
