Pensiones: ¿Es conveniente cambiar los Multifondos por los Fondos Generacionales? Parte II

 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2026/11/04/pensiones-es-conveniente-cambiar-los-multifondos-por-los-fondos-generacionales-parte-ii/

 

En la primera parte de esta columna se revelaron ciertos mitos respecto de los Multifondos. Un breve resumen para contexto.

Una evaluación objetiva y sin sesgos ideológicos del desempeño de los Multifondos desde su creación nos lleva a concluir que no ha habido diferencia estadísticamente significativa entre el retorno mensual del fondo A versus el E; tampoco hay diferencia estadísticamente significativa entre el retorno del fondo A versus la TIR de bonos BCU del Banco Central. En relación al fondo acumulado en cada opción, si bien el fondo A acumula desde su origen hasta julio 2026 un monto mayor que el resto, se debe considerar que la varianza del retorno acumulado también aumenta con el plazo, por lo que aumenta la probabilidad de pérdida al abrirse el abanico de posibilidades positivas y negativas. De hecho, se han presentado casos (20% de las veces) en que el fondo acumulado E es mayor que el fondo acumulado A, ocurriendo el último en julio 2023, después de 20 años creados los multifondos. Y si lo anterior fuera poco, el verdadero retorno para el afiliado, descontado lo que paga en comisiones, está entre un 1,25% anual (fondo E) y un 3,9% anual (fondo A), siendo bastante discreto, y lamentablemente, desconocido. Las comisiones se “comen” entre un 41% y un 58% de la rentabilidad bruta. La triste realidad es que el fondo A, como estandarte la máxima búsqueda de retorno, terminó siendo poco seductor para el afiliado.

 

Lamentablemente, no hubo un análisis de este tipo antes de reemplazar los Multifondos por los Fondos Generacionales. La trampa del retorno bruto esperado en largos plazos de inversión nubló el riesgo del fondo acumulado y el Equivalente Cierto.

 

Así las cosas, y siguiendo esencialmente la lógica del retorno esperado, los 10 Fondos Generacionales que reemplazarán a los Multifondos, apuntan, supuestamente, a una gestión más ordenada del ahorro a lo largo del ciclo de vida del afiliado, al asignarlo a una cartera de inversión específica según su edad; y en la medida que el afiliado vaya aumentando su edad, será asignado a otro fondo de inversión con menor riesgo, obteniendo con ello, en teoría, una inversión más coherente con el horizonte de jubilación. Ya no habrá libertad de cambio de un fondo a otro; la variable clave y única para la asignación será la edad del afiliado.

 

En el papel, suena bonito. Pero la gestión de riesgo va más allá de ello. Tiene que ver con el diseño del sistema global. Diseño que, en esencia, seguirá manteniendo las mismas falencias.

 

Tratándose de las pensiones, debe tenerse en cuenta que, si el modelo -tanto en las etapas de ahorro como en la de desahorro- permite inversiones extra a instrumentos de cero riesgo de pago (hay otros riesgos también), entonces, se está asumiendo un riesgo sistemático y no sistemático adicional que, tal como se ha demostrado, su retorno asociado estadísticamente solo compensaría el riesgo asumido, en el mejor de los casos. Nada más. No hay magia. En términos técnicos, el juego consiste en ubicarse en algún punto de la línea del mercado de capitales.

 

En la etapa de ahorro de pensiones (sistema de AFP), el apetito por riesgo llevó a ampliar la inversión en búsqueda de retornos esperados que pudiesen “mejorar las pensiones”. En la etapa de desahorro (Retiro programado y Rentas Vitalicias), que también es parte del sistema de pensiones, el diseño es aún peor: permite jugar en el casino del mercado de capitales con las platas de los ya pensionados. Se podría decir que es un apetito por riesgo 2.0, y en el caso particular de las rentas vitalicias, un apetito por riesgo 3.0. Casi como una ironía, está el caso de una compañía de seguros que literalmente invirtió en un casino. Y, por supuesto, nadie dijo nada; todo supuestamente estaba en regla.

 

Las recientes pérdidas en el fondo E producto de la inversión en instrumentos derivados, específicamente Swaps de tasa de interés, son una consecuencia de un sistema mal diseñado. No se trata de pedir “prudencia” a las AFP. Las reglas del juego tienen una falla de diseño. En la búsqueda de mayores retornos, se permite la inversión en instrumentos derivados tanto en los actuales Multifondos como en los futuros Fondos Generacionales. ¿Que los porcentajes son acotados y limitan las pérdidas bajo escenarios de estrés? Dígale eso a la opinión pública en la actualidad, a ver si le aceptan esa respuesta. La conclusión aplica también a la renta variable en general.

 

En el afán de “mejorar las pensiones” por la vía de apostar a obtener un retorno esperado, el apetito por riesgo ha llevado incluso a aumentar la inversión permitida en los denominados “activos alternativos”: desde un máximo de 25% en el fondo generacional 1 (afiliados hasta 35 años), un máximo de 10% en el fondo generacional 7 (afiliados entre 61 y 65 años), para llegar a un máximo de 5% en el fondo generacional 10 (afiliados mayores a 75 años). No nos quejemos cuando en algunos años más nos llevemos sorpresas desagradables nuevamente. Ya el título “alternativo” debería encender alguna alarma.

 

Cuando ocurren catástrofes como las vistas recientemente con las pérdidas del fondo E, sobran los expertos y opinólogos en comentar lo que pasó y buscar culpables para acallar el clamor popular y ubicarse en el lado correcto de la historia. Pero más importante es anticiparse a la tragedia. Y en el caso de las pensiones, antecedentes relevantes hay de sobra. Volverán a ocurrir este tipo de eventos negativos, siendo los más peligrosos los que afectan a las rentas vitalicias que sobreviven gracias a una ficción contable, porque, por último, cuando la tragedia es en la etapa de ahorro, hay tiempo -o algo de tiempo- para arreglar el problema. Pero no hacen caso a las advertencias. Ni al Banco Central le hacen caso.

 

Con los Fondos Generacionales nos nublaremos con su pomposa presentación. El brindis enterrará cualquier cuestionamiento a los Multifondos. Seguiremos creyendo que la solución a un problema demográfico está en el mercado de capitales. Tropezaremos nuevamente con la misma piedra, pero con otra metodología. Y cuando ocurra una catástrofe, los responsables harán la gran Macías: “no hago ningún mea culpa”; y volveremos a ver los análisis y lamentaciones de los expertos de turno.

 

 

Iván Rojas Bravo

Pensiones: ¿Es conveniente cambiar los Multifondos por los Fondos Generacionales? Parte I

 

Se ha reemplazado un ídolo por otro. A partir de abril 2027, los ahorros previsionales cambiarán su metodología de inversión, pasando de los conocidos Multifondos (A, B, C, D y E) a los Fondos Generacionales (10 fondos, según tramos de edad del afiliado).

Pero antes de encender incienso en el altar y dar ciega devoción al nuevo fetiche, conviene –como mínimo- evaluar en base a información objetiva y verificable cuál fue el real desempeño de los Multifondos, y determinar, en base a ello, lo que realmente se quiere lograr con el sistema entrante, o moderar las expectativas. Esta labor, que resulta obvia, hasta ahora no se ha hecho oficialmente.

En esta columna expondré (Parte I) un resumen de algunas conclusiones después de actualizar cifras publicadas en mi libro “La Magia del Sistema de Pensiones”. En una futura Parte II, haré mis comentarios respecto de los Fondos Generacionales como nuevo sistema de inversión previsional.

En simple, los Multifondos fueron creados para “aprovechar” de mejor manera lo que en finanzas se (mal) denomina el “apetito por riesgo” (en estricto rigor, debería llamarse “apetito por rentabilidad”). De esta manera, el otrora fondo único de inversión fue reemplazado por 5 fondos, donde el fondo A tendría más exposición a renta variable (acciones; más riesgo) y el fondo E, en el otro extremo, tendría más exposición a la renta fija (bonos; menos riesgo). Habría, en consecuencia, opciones para el afiliado. Bajo el inocente y engañoso supuesto del retorno esperado, se asumió que, a plazos largos, el fondo acumulado A debería ser mayor al fondo acumulado E.

Evaluemos después de casi 24 años. Los Multifondos comenzaron en octubre 2002; los cálculos son a julio 2026. Para efectos didácticos, varias de las comparaciones se harán entre el fondo A vs el fondo E, periodo octubre 2002-julio 2026.

Evidencia 1:

·        Rentabilidad real bruta promedio mensual fondo A vs fondo E: 0,53% vs 0,24%.

·        Desviación estándar retorno mensual fondo A vs fondo E: 3,53% vs 1,63%.

 

Pregunta 1: ¿Existe diferencia estadísticamente significativa entre la rentabilidad del fondo A versus la rentabilidad del fondo E?

 

Tras realizar el test de diferencia de muestras pareadas (286 muestras; 286 meses), con la hipótesis nula “No existe diferencia estadísticamente significativa entre retorno de fondo A y el retorno del fondo E”, considerando un 99% de confiabilidad estadística, es posible concluir que no se rechaza la hipótesis nula y, por lo tanto, NO EXISTE EVIDENCIA ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA, al nivel de confianza de 99%, que el retorno mensual del fondo A sea mayor que el retorno mensual del fondo E. Si esto ocurre en los extremos, la concusión también es válida para cualquier comparación entre 2 multifondos.

 

Evidencia 2:

·        Rentabilidad real bruta BCU (Bonos del Banco Central): 0,22% TIR real mensual.

·        Desviación estándar TIR mensual BCU: 0,08%.

Pregunta 2: ¿Existe diferencia estadísticamente significativa entre la rentabilidad del fondo A versus la rentabilidad de los bonos BCU?

El test de diferencia de muestras pareadas (286 muestras; 286 meses), con hipótesis nula: No existe diferencia estadísticamente significativa entre retorno de fondo A y el retorno de los bonos BCU, considerando un 99% de confiabilidad estadística, señala que es posible concluir que no se rechaza la hipótesis nula y, por lo tanto, NO EXISTE EVIDENCIA ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA, al nivel de confianza de 99%, que el retorno mensual del fondo A sea mayor que la TIR mensual de los bonos BCU. La conclusión se mantiene para un test de control usando errores estándar Newey-West, que permiten analizar autocorrelación y heterocedasticidad.

 

Un abogado del diablo señalará, para refutar los test anteriores, que, más que los retornos mensuales, lo que realmente importa es el fondo acumulado en cada Multifondo, y es ahí donde se aprecian de verdad las bondades del modelo. Es ahí donde se comprueba –probablemente dirá con vehemencia- que los fondos cumplen el rol para cual fueron diseñados en el largo plazo, logrando al final del período un fondo acorde con su valor esperado.

 

Veamos.

 

Evidencia 3:

 

·        Suponiendo un aporte mensual de 1 UF desde el origen de los Multifondos, ¡sin lagunas previsionales!, el fondo acumulado (sin comisiones) de cada opción a julio 2026 es:

o   Multifondo A: 529,16 UF.

o   Multifondo B: 496,30 UF.

o   Multifondo C: 444,44 UF.

o   Multifondo D: 398,29 UF.

o   Multifondo E: 376,51 UF.

 

 

El abogado del diablo no dudará en decir que la bondad del modelo radica en que cada opción excede considerablemente los aportes mensuales, cuya suma lineal es 287 UF en nuestro ejemplo. Así, un cálculo que saldrá a la palestra será, por ejemplo, que el fondo acumulado A de 529,16 UF, y casi la mitad es pura rentabilidad obtenida… y si el plazo sigue, por ejemplo, en 10 o 15 años más, un porcentaje muy alto del fondo acumulado lo explicaría la rentabilidad. Aunque lo anterior, en línea gruesa, es cierto, hay que tener cuidado en la interpretación y las conclusiones.

 

Si bien con el paso de los años, el fondo acumulado crece (lo que equivale a decir que la tendencia del retorno del fondo acumulado es al alza), también lo hace la varianza del retorno del fondo acumulado. Por lo tanto, en honor a la rigurosidad, también se debe señalar que en la medida que aumenta el plazo, el riesgo para el fondo acumulado también aumenta, y la probabilidad de pérdida se torna mayor, tal como se aprecia en el gráfico.

 

 

Pregunta 3: ¿Puede darse el caso que, en plazos largos, el fondo acumulado A sea menor que el fondo acumulado E?

Sí. De hecho, ha ocurrido. Desde el origen de los Multifondos hasta julio 2026, en 59 ocasiones (esto es, un 20% de las veces), el valor acumulado del fondo E fue mayor que el valor acumulado del fondo A. Sí, leyó bien. El último evento ocurrió hace poco, en julio 2023.  Vea el siguiente gráfico:

 

Esto es relevante y se olvida o no se sabe: en plazos largos, es posible que el fondo acumulado de menor riesgo domine al fondo acumulado más riesgoso, es decir, que el fondo acumulado E sea mayor que el fondo acumulado A. No es que el retorno esperado no sea válido; se trata del riesgo que se amplifica con el plazo.

Dada la evidencia anterior, ¿se atrevería usted a apostar que, en los próximos 15 años, en caso de seguir, el fondo acumulado A siempre dominará al fondo acumulado E? Yo no.

 

Evidencia 4:

Las comisiones cobradas sí importan. Consideremos los flujos de caja relevantes para el afiliado. Cada mes, el afiliado aporta a su fondo de pensiones y, además, paga una comisión sobre su sueldo imponible… a cambio de obtener un flujo acumulado al final del periodo. Desde la creación de los multifondos hasta julio 2026, la rentabilidad para el afiliado es la siguiente:

 

 

La rentabilidad del fondo A cae de un 6,57% real anual bruto, a un 3,90% real anual neto de comisiones. Y la rentabilidad del fondo E cae de un 2,97% real anual bruto, a un 1,25% real anual neto de comisiones. Las comisiones se “comen” entre un 41% y un 58% de la rentabilidad bruta. La Superintendencia de Pensiones insiste en informar solamente la rentabilidad bruta. La triste realidad es que el fondo A, como ejemplo de la máxima búsqueda de retorno, terminó siendo poco seductor para el afiliado. ¿Caro?

 

El abogado del diablo podrá decir que han pasado solo 24 años, y que al sumarle 10 o 15 años más al análisis, la rentabilidad neta de comisiones debería aumentar… volvemos a jugar con el retorno esperado y nos olvidamos del riesgo; pero aún si el retorno esperado nos acompañase en los próximos 15 años, la mejora en la rentabilidad neta de comisiones no será sustantiva.

 

En resumen, una evaluación objetiva del desempeño de los multifondos desde su creación nos lleva a concluir que no ha habido diferencia estadísticamente significativa entre el retorno mensual del fondo A versus el E; tampoco hay diferencia estadísticamente significativa entre el retorno del fondo A versus la TIR de bonos BCU del Banco Central. En relación al fondo acumulado en cada opción, si bien el fondo A acumula a julio 2026 un monto mayor que el resto, se debe considerar que la varianza del retorno acumulado también aumenta con el plazo, por lo que aumenta la probabilidad de pérdida al abrirse más el abanico de posibilidades positivas y negativas. De hecho, se han presentado casos (20% de las veces) en que el fondo acumulado E es mayor que el fondo acumulado A, ocurriendo el último de ellos en julio 2023, después de 20 años creados los multifondos. Y si lo anterior fuera poco, el verdadero retorno para el afiliado, descontado lo que paga en comisiones, está entre un 1,25% anual (fondo E) y un 3,9% anual (fondo A), siendo bastante discreto, y lamentablemente, desconocido.

Entonces, si y solo si, teniendo claro el desempeño de los Multifondos podemos entrar a conversar sobre su reemplazo. Es preocupante, y lamentable, que la Superintendencia de Pensiones y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no hayan dedicado tiempo a hacer una mínima evaluación rigurosa, objetiva y libre de ideologías a esta política pública tan esencial.

Iván Rojas B.

El pesimismo del Banco Central

 https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2026/06/30/el-pesimismo-del-banco-central/

Por su autonomía, independencia y calidad de estudios y análisis técnicos, el Banco Central de Chile es un referente; sin dudas. En él trabajan 55 doctores (PhD), principalmente en economía, estadística y disciplinas afines. Ocupa un lugar, muy probablemente, en el podio de las instituciones con mejor reputación. Pero, como diría mi madre, “al que se le da más, se le exige más” …

En su último Informe de Estabilidad Financiera, correspondiente al primer semestre de 2026, el Banco Central presenta su punto de vista respecto de los principales riesgos y fragilidades para la estabilidad financiera chilena. En resumen, plantea que el principal riesgo apunta a que las condiciones de financiamiento se vuelvan más restrictivas como consecuencia de una intensificación del conflicto en Medio Oriente o de sus efectos sobre la inflación y crecimiento mundial.

 

El pesimismo del Banco Central queda plasmado en las palabras que utiliza y enfatiza: en el informe de 49 páginas, la palabra conflicto aparece 21 veces; Medio Oriente, 16 veces; crisis, 10 veces. Las palabras cobre, o términos de intercambio históricos, sorprendentemente no aparecen. No se oye, padre. El sabor final es básicamente un panorama gris. Un texto sin contraste ni matices.

 

La bonanza del cobre debería ser un tema particularmente importante y ser tratado en extenso. ¿Que no es parte del informe de “estabilidad financiera”? A otro perro con ese hueso.

 

¿Y el Informe de Política Monetaria? En el Ipom de marzo 2026 (46 páginas), la palabra guerra aparece 38 veces; Medio Oriente, 16 veces; conflicto, 10 veces. Si bien el cobre aparece 22 veces, ya sea en texto o gráficos, el tono o contexto en el cual se menciona en forma positiva es en menos de la mitad de las veces. Se esperaría, por ejemplo, un comentario, aunque sea breve, respecto de las perspectivas que importantes instituciones tienen respecto del metal rojo, las cuales coinciden en que el mercado mundial del cobre enfrenta una tendencia estructuralmente alcista en el mediano y largo plazo, impulsada por un crecimiento sostenido de la demanda y crecientes restricciones de oferta. Las proyecciones reflejan un consenso de mercado respecto de precios significativamente superiores a los promedios históricos observados durante la década anterior.

Es así como, a pesar de situaciones geopolíticas adversas en la actualidad (léase, a pesar de la “crisis” tan enfatizada), con todo, las principales instituciones han revisado al alza sus estimaciones. Goldman Sachs, por ejemplo, ajustó su proyección a US$6,80/lb hacia 2035; JP Morgan ajustó a US$5,50/lb promedio para la próxima década.

En el Ipom de marzo, un comentario sobre la demanda y oferta mundial de cobre queda relegado y perdido en un párrafo de un anexo en la página 34. ¿Habrá sido importante señalar que, por ejemplo, S&P Global proyecta que la demanda mundial de cobre aumentará desde 28 millones de toneladas en 2025 a 42 millones en 2040, esto es un crecimiento cercano al 50% en solo 15 años, que la oferta primaria llegaría a 32 millones de toneladas, y que, por lo tanto, se estima que a 2040 habría un exceso de demanda de 10 millones de toneladas? ¿Habrá sido importante señalar que la International Energy Agency  (IEA) estima que, bajo la cartera actual de proyectos, podría producirse un déficit de oferta cercano al 30% hacia 2035? ¿Vendrá al caso señalar que, de todos los yacimientos de cobre descubiertos en los últimos 35 años, solo el 5% se han encontrado en la última década, y, además, los plazos de ejecución de los nuevos proyectos de cobre son prolongados —alrededor de 17 años desde el descubrimiento hasta la producción— y muchos proyectos importantes han sufrido recientemente retrasos y sobrecostos significativos, y por lo tanto, esta dinámica sugiere un mercado estructuralmente más ajustado y su efecto en precios “altos”? ¿Valdrá la pena señalar que un déficit estructural en el mercado mundial de cobre aparece como el escenario dominante, y que JP Morgan proyecta déficits cercanos a 2 millones de toneladas en 2030 y hasta 8 millones en 2035, S&P Global estima una brecha cercana a 10 millones de toneladas hacia 2040 y la IEA advierte déficits significativos hacia 2035 si no se aceleran las inversiones?

Todo lo anterior, obviado en los informes del Banco Central, ciertamente que aportaría color al gris escenario que describe en los mismos. La lúgubre prosa del Central es dominada por un exceso de precaución. A eso, agréguese también un tono más positivo para los términos de intercambio y para el tipo de cambio real de largo plazo. Con buenas perspectivas en el largo plazo, cualquier bache en el corto plazo se pondera en forma distinta.

En economía, pareciera que existe una tendencia a pensar que un error de sobreestimación es peor que un error de subestimación. Quizás eso explica el exceso de precaución del Banco Central. Quizás eso también explica por qué implícitamente un error de subestimación se castiga menos que un error de sobreestimación. Pero la subestimación es tanto o más peligrosa que la sobreestimación, especialmente si la fuente es el Banco Central y si éste es un referente para las decisiones de inversión del mundo privado.

 

Iván Rojas B.

Hablemos del impuesto a los combustibles, más allá de la coyuntura

 https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2026/04/11/hablemos-del-impuesto-a-los-combustibles-mas-alla-de-la-coyuntura/

En una compañía que pasa por problemas financieros, si el CEO llama al contador para preguntarle algunos temas relativos a su ámbito de acción, una respuesta esperable del contador podría ser: “no hay plata”. Si el gerente de finanzas de la compañía diera una respuesta similar, no solo sería insuficiente; sería inaceptable. El ministro Quiroz se ha comportado más como un contador de la República, que como un gerente de finanzas. Si la empresa no está en quiebra, un buen gerente de finanzas debe asegurar el financiamiento de los proyectos que agregan valor a la compañía.

Este enfoque en la caja nos ha llevado a que “cada uno se las arregla solo” con la crisis del petróleo, y enfrente directamente el precio internacional del crudo. Se priorizó la caja versus otras alternativas para abordar un problema eventualmente temporal; de entradita se ocupó “un comodín” en las primeras preguntas del concurso.

Entonces, en una situación “sin caja”, por un lado, pagamos el IVA y el impuesto específico a los combustibles (financiamos una entrada de caja al Fisco) y, por otro lado, pagamos el mayor valor de los combustibles. Doble impacto negativo directo al consumidor. Y solo en la primera derivada. Marzo se vino con todo.

Pero ya que el tema de los combustibles está en la palestra, conviene reflotar una discusión económica sobre el óptimo del impuesto a los combustibles y su coherencia con otros cobros relacionados al transporte.

¿Debería existir un impuesto a los combustibles? Sí, porque el trasporte produce externalidades negativas como la congestión y contaminación.

Se requiere satisfacer las necesidades de infraestructura de Chile y lograr que su uso sea óptimo. Para conseguir esto, debe existir una política global de transporte que tarifique todos los sectores involucrados. 

Si nos enfocamos específicamente en el transporte vial, la señal debe apuntar a que la infraestructura no es gratis y, por lo tanto, lo óptimo sería cobrar al verdadero usuario por el uso de la red. Dado que existen vías cuyo impacto va más allá de lo netamente local (vías estructurantes), el precio por su uso se paga en forma directa mediante el cobro del peaje (TAG). Sin embargo, en las vías locales o no estructurantes resulta imposible tarificar todo. ¿Cómo cobrar? Una estructura de precios óptima sería una combinación de un cargo fijo más un variable: aquí entran los permisos de circulación y el impuesto a los combustibles, respectivamente. ¿Cuánto fijo y cuánto variable? Es un tema a discutir, pero en base a conceptos e ideas correctas. Podría sonar lógico tener un sesgo en el financiamiento hacia el impuesto a los combustibles que hacia el permiso de circulación, ya que esta mezcla entre cargos fijos y variables busca cobrar más proporcionalmente a quienes más destruyen las redes viales y que consecuentemente explican los mayores costos de inversión en infraestructura, al ser los usuarios más directos.

Entonces, una política económica debería en primer lugar valorizar la red no estructurante (¿Cuántos km son? ¿En cuántos millones de dólares está avaluada)? En segundo lugar, se asume una rentabilidad anual del patrimonio vial más depreciación y mantención, para obtener la cifra que se debería recaudar anualmente por la vía de los permisos de circulación e impuesto al combustible.

El permiso de circulación debería considerar la diferencia entre vehículos livianos y de mayor peso, pudiendo utilizar una equivalencia de ejes, y la cantidad de kilómetros recorridos anualmente. Claramente no se cobra considerando este factor donde vehículos distintos destruyen las vías en forma distinta; el permiso de circulación depende del avalúo fiscal del vehículo y no de la cantidad de ejes (o peso) que posee, cosa que apunta incluso a un concepto incorrecto porque un auto nuevo pero liviano destruye menos que un camión antiguo y pesado. Se prioriza la caja y no el concepto económico de una política de transporte correcta.

El impuesto al diésel también debería considerar los puntos anteriores y debería ser mayor (no menor) que el impuesto a los combustibles. La estructura de impuestos actual subsidia a los vehículos diesel, que destruyen y contaminan significativamente más que los demás vehículos.

Si se agrega a lo anterior el problema de la congestión, una manera de cobrar esta externalidad (aunque en forma imperfecta, ya que no discrimina por horas peack o no peack de uso de las vías ni tampoco cuáles son las que más se usan, pero sí apunta al nivel de congestión global de la red) es por medio del impuesto a los combustibles, aumentando la proporción del impuesto a los combustibles en la estructura de financiamiento señalada anteriormente.

Por otra parte, la actividad de transporte está muy ligada con la contaminación. Y tanto el permiso de circulación como el impuesto al diésel apuntan en la dirección contraria para combatir esta externalidad. El permiso de circulación, que se paga en función del avalúo del vehículo, es más caro para los vehículos más nuevos, que contaminan menos.  Y el menor impuesto específico al diésel incentiva el uso de estos vehículos con relación a los bencineros.

Una política de transporte que considere estos elementos bien podría llevarnos a sorpresas positivas: permisos de circulación e impuestos a los combustibles más “razonables” y acordes a lo que conceptualmente se espera de dichos cobros. En lo concreto, muy probablemente no estaríamos hablando de combustible a $1.600/litro.

¿Y qué hacemos con el MEPCO? Dejémoslo. Algo ayuda. Puede cumplir un rol como mecanismo de estabilización de corto plazo. Pero moderemos las expectativas; no le pidamos peras al olmo.

 

 

Iván Rojas B.

IA y correcciones de valores en bolsa en Chile

 https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2026/03/12/ia-y-correcciones-de-valores-en-bolsa-en-chile/

La inteligencia artificial ha pasado de ser una nueva tecnología que “ayudaba a hacer cosas”, a algo mucho más profundo: un cambio estructural en la forma de hacer las cosas. Desde el punto de vista económico, estamos frente a una modificación de la función de producción. Modificación que tiene tintes de reemplazo.  

Este cambio tiene una consecuencia directa y evidente: hacer un mismo producto o prestar el mismo servicio cuesta menos trabajo, tiempo y capital físico. En un esquema de pizarrón, la IA desplazó la función de producción “hacia afuera”, reduce costos marginales, optimiza procesos y reemplaza tareas que antes eran intensivas en trabajo humano o, en jerga económica, mano de obra principalmente no calificada. Si los costos de producción cambian, entonces también cambia el costo de reposición de propia unidad productiva. Y esto es una variable clave —aunque muchas veces subestimada u olvidada— en la valorización de empresas.

Toda empresa combina diversos insumos —capital, trabajo, tecnología y organización— a través de una función de producción para generar bienes o servicios. Pero la empresa, como unidad económica, también tiene su propio costo de reposición: cuánto costaría replicar hoy esa misma empresa utilizando la mejor tecnología disponible.

Este fenómeno es una amenaza particularmente relevante para las empresas que participan en los sectores de servicios. A diferencia de industrias intensivas en capital físico, donde existen barreras de entrada más difíciles de superar, muchos servicios -específicamente financieros, educación y salud- son altamente susceptibles de ser rediseñados mediante IA. En estos sectores, la inversión en replicar una empresa desde cero con tecnología de punta puede ser significativamente menor que el valor implícito de compañías ya establecidas, especialmente si estas arrastran estructuras de costos fijos heredadas de un paradigma productivo anterior. Se trata, en definitiva, mejorar el servicio que se produce, más que clonar la empresa en sí misma.

Es cierto que las empresas pueden adaptarse, incorporar nuevas tecnologías y ajustar su función de producción. Y lo han hecho. Sin embargo, esa adaptación, donde lo viejo se “enchula” con lo nuevo, tiene límites. Integrar IA sobre organizaciones pensadas para otro mundo suele implicar costos crecientes, rigideces culturales y procesos que no siempre se pueden reconfigurar sin afectar la operación. La verdadera destrucción creativa —en el sentido schumpeteriano— no consiste solo en mejorar lo existente, sino en el reemplazo de compañías que ya no pueden adaptarse o para las cuales hacerlo resulta demasiado caro en relación con los beneficios esperados.

En el caso de las empresas que transan en bolsa en Chile, muchas —dependiendo de la industria— han incorporado nuevas tecnologías y, en ese sentido, se han “adaptado”. Pero la tarea relevante para inversionistas y analistas no es solo proyectar flujos inciertos en un Excel (¿proyectar flujos a 10 años con la misma tecnología?). Implica, necesariamente, un comentario razonado sobre la amenaza que la destrucción creativa tiene en la empresa que están analizando y recomendando a sus clientes. Si hoy se tuviera que crear la empresa desde cero, ¿se diseñaría una empresa igual a la que existe actualmente para obtener el mismo nivel de utilidades? ¿O se haría de forma radicalmente distinta, con menos capas organizacionales, menores costos fijos y un uso intensivo de IA? Dicho de otro modo: ¿cuánto costaría clonar la empresa actual bajo parámetros de full tecnología e inteligencia artificial? Y la estocada final es inevitable: ¿es coherente ese costo de reposición con la capitalización bursátil actual? ¿O estamos frente a valoraciones que descansan en estructuras productivas que la IA está erosionando silenciosamente? ¿Justifica la diferencia de valor los activos intangibles como el valor de la marca, redes, datos, regulación, relaciones comerciales, o, por el contrario, se anticipan correcciones en el precio de la acción?

Dada la relevancia del tema y la implicancia que tiene no solo en la propia empresa involucrada sino también en todos los agentes inversionistas que poseen acciones y bonos en sus carteras de inversión (donde destacan las AFP y compañías de seguros que venden rentas vitalicias), resulta del todo prudente y apropiado que la CMF exija al directorio de todas las compañías que transan en bolsa que se pronuncie en la memoria de la compañía respecto de una estimación, aunque sea somera y en línea gruesa, del costo de reposición de la empresa y de la brecha con la capitalización bursátil.

Desde una perspectiva social, la IA puede jugar un rol clave en combatir las imperfecciones de mercado y “emparejar la cancha” al reducir asimetrías de información, bajar barreras de entrada y facilitar que la destrucción creativa fluya de manera más rápida y eficiente. Pero también impone desafíos: la IA abre la posibilidad de crecer con menor empleo, al menos en ciertos sectores. Este será uno de los mayores retos económicos y sociales de las próximas décadas.

El crecimiento con bajo dinamismo del empleo, un capital humano con mayores expectativas de vida activa y los sistemas de ahorro previsional que no se autofinancian con la inversión en el mercado de capitales y tensionados por la menor base contributiva debido a la pirámide demográfica invertida, obligarán a repensar varios pilares del modelo económico: desde la formación y contribución productiva de dicho capital humano hasta la tributación y la forma en que se distribuyen los beneficios de la mayor productividad.

 

Iván Rojas B.

La forma en que simpatizantes del régimen de Maduro compraron el Ferrocarril Oriental Boliviano sin desembolsar dinero propio

 https://interferencia.cl/articulos/la-forma-en-que-simpatizantes-del-regimen-de-maduro-compraron-el-ferrocarril-oriental

La historia de cómo los empresarios Carlos Gill Ramírez –empresario de origen paraguayo-venezolano, que mantuvo vínculos con los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales- y su socio Peter O´Toole –cónsul de Irlanda en Bolivia- adquirieron las acciones que les permitió el control del Ferrocarril Oriental, es una muestra clara del despojo a manos llenas que ha sufrido Bolivia. Se hicieron de las acciones del Ferrocarril Oriental sin aportar recursos propios; utilizaron los recursos generados por el propio ferrocarril para financiarse, negando deudas y compromisos adquiridos. En definitiva, se podría decir que compraron el ferrocarril sin dinero. Todo lo anterior, cumpliendo con la forma de una aparente normalidad de balances y directorios.

 

Durante los años noventa, el grupo chileno CB controlaba Ferroviaria Oriental S.A. a través de su participación societaria “aguas arriba” en la sociedad Inversiones Ferroviarias Bolivianas Ltda. (Inversiones Ferroviarias Bolivianas Ltda es dueña del 67,54% de Transportes Ferroviarios S.A., y esta última participa en una sociedad boliviana llamada Trenes Continentales S.A., que finalmente es dueña del 50% de Empresa Ferroviaria Oriental S.A.).

 

En el año 2000, CB vendió dichas acciones a la sociedad de capitales norteamericanos Genesee & Wyoming Inc. (G&W), quien las adquirió a través de su filial chilena, por un total aproximado de US$ 19,4 millones de la época. En esta transacción quedó un saldo por pagar a CB de US$ 12 millones, más intereses, pactados a tres años. La fuente de pago sería los dividendos correspondientes de Ferroviaria Oriental.

 

En garantía de este saldo de precio, se constituyó en favor de CB y sus bancos acreedores (5 bancos chilenos) prenda y prohibición de gravar o enajenar las acciones de la sociedad Transportes Ferroviarios, designándose un banco agente para realizar el cobro y distribuir lo recaudado. El contrato de prenda establecía claramente que todo ingreso que recibiere anualmente Inversiones Ferroviarias Bolivianas (representada ahora por sus nuevos compradores), debía ser usado para amortizar la deuda con CB, pagándose a los bancos acreedores y, lógicamente, el saldo de precio a CB.

 

Los abonos que G&W realizó a CB básicamente correspondieron a intereses parciales durante algunos años, sin amortizar el capital de la deuda. G&W controló el ferrocarril hasta el año 2009 y la deuda seguía plenamente vigente y en aumento. No se cumplió lo pactado, a pesar de que G&W recibió millonarios dividendos del ferrocarril.

 

Pues bien, en el año 2009, G&W vendió su participación accionaria –que no había pagado a CB-, sin dar cuenta a CB ni a los bancos acreedores de la deuda vigente ni de las circunstancias de la venta. G&W se salió del negocio del ferrocarril sin pagar lo adeudado, vendiendo acciones prendadas. El comprador de estas acciones fue la sociedad YULARA INVERSIONES, cuyos socios son los empresarios soyeros Carlos Gill Ramírez y Peter O´Toole. 

 

¿Cómo se materializó la compra? Carlos Gill Ramírez y Peter O´Toole no desembolsaron un solo dólar para adquirir el ferrocarril. ¿Cómo se financió la compra, entonces? Con los recursos propios de Ferrocarril Oriental, no distribuidos y con los dividendos futuros, ignorando dolosamente los compromisos adquiridos con CB y sus bancos acreedores. ¿Cómo fue posible lo anterior? Sin duda requirió un concierto previo entre comprador y vendedor, y una estructura jurídica que sostenga y permita la ejecución de dicha figura de apropiación reiterada en el tiempo, con el rol fundamental de abogados chilenos representantes de sociedades vinculadas al ferrocarril en Chile.

 

Como perfeccionamiento del fraude, y a objeto de legitimar el actuar doloso de los involucrados, en el año 2010 se citó a una Junta Extraordinaria de Accionistas, en la cual se buscó, entre otros temas, la aprobación de créditos relacionados en sociedades donde los directores tienen interés. La Junta de accionistas fue reducida a escritura pública notarial solo parcialmente, sin dar cuenta de la aprobación de dichos créditos. Así, en los años 2010, 2011 y 2012 no hubo pago a CB, a pesar de la repartición de los cuantiosos dividendos de parte de Ferroviaria Oriental.

 

Como referencia, entre 2001 y 2015, Ferroviaria Oriental distribuyó aproximadamente USD 73 millones en dividendos. De ese total, cerca de USD 10 millones correspondían a la participación vinculada a la venta original de CB; pero recibió USD 6 millones. La diferencia no recibida es un monto equivalente al cual Gill Ramírez y O´Toole pagaron a G&W. En los años 2016 y 2017 nada se pagó y eso sigue al día de hoy.

 

De esta forma se explica cómo un amigo del régimen de Nicolás Maduro y Evo Morales logra hacerse de una empresa estratégica, comprándola sin dinero propio y a precios ridículos, aprovechándose de que sus controladores (G&W) se sienten amenazados, no pueden desarrollar su negocio y quieren abandonar el país. No es extraño que capitales venezolanos usufructen de sus conexiones políticas y tengan una participación en importantes empresas de Bolivia. Y en este caso particular, tener el control de toda la red ferroviaria boliviana -Ferrocarril Oriental y Ferroviaria Andina-, para no solo integrarlo verticalmente con el negocio de la soya, cosa ya peligrosa para el correcto funcionamiento de los mercados, sino, además, controlar un sector estratégico económica y políticamente que permita consolidar el proyecto del tren bioceánico. Ese es el verdadero valor de Ferrocarril Oriental, el valor por lo que es y por donde está, más allá del análisis puntual de las ganancias actuales bajo la actual administración, las cuales, muy probablemente estén por debajo de las que deberían ser en condiciones óptimas tanto internas (operación bajo la lógica de maximización de utilidades con correctos precios de transferencias entre cliente-proveedor), mercados competitivos, y un país donde el orden público económico garantiza los derechos de propiedad y minimiza todo tipo de imperfecciones de mercado.

 

Todos los hechos descritos -que huelen a saqueo, con complicidad de abogados y bancos chilenos- deben ser investigados no solo en Chile y Bolivia, sino también en Estados Unidos, como un gran caso de corrupción, para que sirva de ejemplo de cómo se corrigen estas distorsiones que van mucho más allá de un conflicto entre privados. Son este tipo de hechos los que hacen la diferencia entre el mundo desarrollado y, lamentablemente, nosotros.

 

 

Iván Rojas B.

 

 

 

Tres errores más graves que el de las cuentas de la luz… y nadie dice nada

 Columna censurada por El Mostrador.

https://interferencia.cl/articulos/tres-errores-mas-graves-que-el-de-las-cuentas-de-la-luz-y-nadie-dice-nada

El reciente error de cálculo en las cuentas de la luz consistió en una inconsistencia metodológica en el cálculo de las tarifas: se aplicó dos veces el ajuste por IPC. Pero no es que se haya duplicado un mismo proceso; el error ocurrió al aplicar una tasa de interés corriente para operaciones no reajustables a un monto reajustado por IPC, incorporando de forma implícita un segundo efecto inflacionario, ya que se trata de una tasa nominal. El caso evidenció fallas en los controles y desconocimiento técnico financiero básico.

 

A continuación, expondré tres casos de errores metodológicos muchos más graves que el de las cuentas de la luz. Los dos primeros ya han sido mencionados en columnas anteriores, por lo que seré breve en la explicación; el tercero es nuevo.

 

Un error conceptual ampliamente denunciado en columnas y cartas a las autoridades correspondientes es el del cálculo del verdadero pasivo por rentas vitalicias de las compañías de seguros. Se supone -así se diseñaron, así se publicitan, así se venden- que una renta vitalicia es un compromiso libre de riesgo (de no pago) que la compañía de seguros adquiere con el pensionado por esta modalidad. Pues bien, todo flujo futuro libre de riesgo debe, necesariamente, ser descontado a la tasa libre de riesgo. Eso no ocurre en este caso. La normativa permite hacer trampa y descontar a una tasa (o vector de tasas) con premio. Por lo tanto, el valor presente de estos flujos –que equivale al pasivo registrado en el balance de la compañía de seguros- está subvalorado. Se está reconociendo y registrando una deuda con los pensionados que no corresponde a una renta vitalicia. A eso, agréguele el efecto de las mayores esperanzas de vida que no han sido incorporados a plenitud. Dado el grado de apalancamiento de la industria, si las compañías de seguros contabilizaran la verdadera deuda que tienen con los pensionados quedarían con un patrimonio ínfimo o incluso negativo. Estarían quebradas. Viven por una ficción contable al amparo de un error de cálculo. La CMF y la Superintendencia de Pensiones, con pleno conocimiento de la situación, no han querido hacer caso a las advertencias; en vez de abordar el problema y resolverlo en forma planificada, con calma y tiempo, siguen permitiendo que el déficit se agrande y porfiadamente señalan que el cálculo se ajusta a la normativa vigente, cuando lo que se le está diciendo es que la normativa está errada y debe ser cambiada. Su irresponsabilidad no solo afecta a los pensionados por rentas vitalicias, sino que a todo el sistema de pensiones en su conjunto. Tarde o temprano darán cuentas de ello.

 

Un segundo error dice relación con la metodología del cálculo de la deuda previsional atrasada. En mis dos columnas anteriores desarrollé este tema. La Superintendencia de Pensiones, con el fin de “aclarar” el artículo 19 del DL 3.500 de 1980 que trata sobre el cálculo de la deuda previsional, redactó una “Metodología de cálculo de liquidación de cotizaciones previsionales impagas”. El documento no solo es ambiguo e impreciso, sino que induce a error. En resumidas cuentas, con una alta probabilidad, se malinterpreta esta norma y los cobradores aplican la Tasa Máxima Convencional (TMC) + 50%.  Además, se comete el mismo error que en las cuentas de la luz: se comparan opciones entre tasas nominales y reales a aplicar a un monto previamente reajustado por IPC, sin discriminar. Si bien la nueva Ley de Pensiones (Ley 21.735) corrigió esta metodología y es un gran avance, siguen existiendo errores: no explicita que el costo de oportunidad relevante para el afiliado es el retorno que dejó de ganar la inversión de la AFP en todo el periodo en el cual estuvo vigente de la deuda, y no hay coherencia entre tasas aplicadas con el monto y plazo de la deuda. En definitiva, existe una ventana para seguir cometiendo los mismos errores de antes, aunque más moderados: calcular una deuda previsional con una tasa que excede la TMC, porque no se están usando ni las tasas correctas ni los plazos correspondientes; y tampoco nos estamos asegurando que el afiliado sea debidamente compensado con su verdadero costo de oportunidad de sus fondos de pensiones.

 

El tercer error tiene que ver con el cálculo de la deuda de impuestos atrasados. Hasta 1987, la tasa de interés a aplicar a los impuestos adeudados era una 2,5% mensual (esto es 30% anual). En diciembre 1987 (Ley 18.681 art. 14 y Ley 18.682 art. 5, que modificaron el Código Tributario), el 2,5% mensual a cambió a "solo" 1,5% mensual (18% anual). Debido a que previo a aplicar las tasas anteriores, la deuda debía ser reajustada por IPC, se entiende que el 2,5% y el 1,5% mensual son tasas reales (reajustables).

 

A partir de enero de 2025 ya no se aplica el 1,5% mensual. Entonces, durante 37 años se aplicó, según normativa, un interés de 1,5% mensual a una deuda reajustada por IPC. Estamos hablando de UF+18% anual, una tasa altísima que excede la TMC para operaciones reajustables. Y para qué hablar previo a 1988. Usura por parte del propio Estado. Si a lo anterior se agregan las multas, que van por un carril separado, la deuda de impuestos en pocos años se convierte no solo en una deuda irracional, sino también impagable. Sorprende, además, que durante tanto tiempo se hayan usado tasas de interés fijas, sin ninguna parametrización en función de las tasas de mercado.

 

Como señalé, hubo un cambio importante. La Ley 21.713, de octubre 2024, modificó algunos artículos del Código Tributario y ya no se aplica el 1,5% de interés mensual moratorio. Desde enero de 2025 se considera “la tasa de interés corriente aplicable a operaciones a un año o más, reajustables en moneda nacional, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 UF, publicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), incrementada en 3,5%” (o, mejor dicho, 350 puntos base).

 

En Chile muchas cosas se hacen a medias, y esta no es la excepción. Hay, a lo menos, dos observaciones importantes.

 

En primer lugar, agregar un 3,5% a la tasa de interés corriente indicada da un resultado que excede la TMC estipulada como límite para la usura. Por ejemplo, el SII determinó (Res. Ex. N°75) que para el segundo semestre de 2025 se aplicará una tasa de interés en base al informe de tasas de la CMF de junio, en el cual, la tasa de interés corriente para operaciones reajustables de 1 año o más, inferiores o iguales a 2.000 UF es UF+ 4,5% anual. Entonces, a la deuda de impuestos se le aplicaría 4,5% + 3,5% = UF+8% anual. Pues bien, la TMC informada por la misma CMF para este segmento es UF+6,75% anual.

 

La segunda observación, es que existen 6 tipos de interés para operaciones no reajustables y 3 tipos de interés para operaciones reajustables; y, por lo tanto, existen 6 TMC que se estipulan como un límite para la usura, las que dependen del tipo de operación (reajustable o no reajustable, monto y plazo). Como señalé, toda deuda de impuestos se remite a una sola tasa. ¿Y qué pasa en las deudas de más de 2.000 UF? ¿Y qué pasa en las deudas menores a 1 año? En ambos casos se aplica una tasa que no corresponde a su segmento. Sigamos con el informe de tasas de la CMF. La TMC para operaciones reajustables de menos de 1 año es UF+7,08% y la TMC para operaciones reajustables de más de 1 año para montos superiores a 2.000 UF es UF+6,60%. Pero para una deuda de impuestos, como vimos, a ambos casos se aplicaría UF+8%.

 

Sí, el propio Fisco de Chile comete usura.

 

La Ley 18.010 establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero, y define la Tasa Máxima Convencional; su espíritu es poner un límite a la tasa de interés con el fin de no cobrar tasas usureras. Tanto en el cálculo de la deuda previsional como en la deuda de impuestos, si bien los cambios en las normativas han corregido distorsiones graves, los errores que permanecen dan espacio para la usura.

 

¿Qué pasa con una deuda cuando hay usura? El art 8 de la Ley 18.010 señala que “se tendrá por no escrito todo pacto de intereses que exceda el máximo convencional, y en tal caso los intereses se reducirán al interés corriente (…)”. Con este recálculo, el acreedor debe devolver intereses recibidos en exceso. En efecto, el mismo cuerpo legal agrega que “cuando corresponda devolver intereses en virtud de lo dispuesto en esta ley, las cantidades percibidas en exceso deberán reajustarse (…)”.

 

Reflexiones finales. Los tres errores comentados son negligencia consciente. En el caso de la deuda previsional, tuvieron que pasar 45 años para corregir a medias el error; en el caso de la deuda de impuestos, 37 años, y también una corrección a medias; en el caso del cálculo del verdadero pasivo de las compañías de seguros por rentas vitalicias, se sigue con la porfía. El error en las cuentas de la luz es una tasa de leche en comparación con éstos. Estamos hablando de conceptos financieros básicos.

 

Sorprende que autoridades supuestamente técnicas sean tan deficientes. Sorprende que desde el mundo académico o de los centros de estudios no se haya dicho nada. Sorprende, también, que los cambios en cada legislación hayan “pasado piola”, nadie se haya percatado de la grave situación anterior y que los cambios realizados son insuficientes. Nadie dice nada.

 

Chile a medias. Condorito diría: “¡Exijo una explicación!”.

Iván Rojas B.

Nueva Ley de Pensiones y cambios en el cálculo de la deuda previsional (parte 2)

 https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/10/17/nueva-ley-de-pensiones-y-cambios-en-el-calculo-de-la-deuda-previsional-parte-2/

En la columna anterior analicé el positivo cambio al DL 3.500 de 1980 que la nueva Ley de Pensiones (Ley 21.735) incorpora en lo que se refiere al cálculo de la deuda previsional atrasada. Concluí que dicha modificación regulatoria es un gran avance y corrige un grave error en la usura existente en la cobranza actual. Apunta a algo más racional desde el punto de vista financiero. Sin embargo, es imperfecta. En esta columna abordaré la pregunta: ¿Cuál debería ser el cálculo justo de una deuda previsional? Y en función de ello, analizaré la nueva normativa.

En primer lugar, definamos “justo”, como calificativo aplicado al monto de la deuda. En lo particular de una deuda previsional, debería ser una cifra correcta financieramente y cuyo objetivo sea compensar al afiliado su costo de oportunidad más un premio equivalente a un “castigo razonable” que pague el deudor, pero en paralelo también debería estar en coherencia con el espíritu de la Ley 18.010 que controla la usura y con la Ley 20.715 que protege a los deudores.

 Lo correcto debería ser:

 

o   Cálculo 1: Determinar el retorno promedio de las AFP en el multifondo correspondiente para todo el período de la deuda, con el fin de conocer todo lo que el afiliado dejó de ganar en sus fondos de pensiones. Aplicar un recargo de 1,5 a dicho retorno, a título de multa al empleador. Esta rentabilidad recargada sería la tasa de interés compuesto de actualización de la deuda previsional.

o   Cálculo 2: Reajuste de la deuda por IPC + Tasa Máxima Convencional (TMC) para operaciones reajustables que corresponda según monto de la deuda y plazo impago.

o   Elegir el mayor valor entre las dos cifras anteriores.

 

¿Es este “cálculo justo” exactamente igual al que propone el cambio de metodología de la nueva Ley de Pensiones? No. Comparemos: la nueva ley estipula que el monto nominal de la deuda será reajustado de acuerdo con la variación que experimente la UF en el periodo respectivo. A esta deuda reajustada se le aplicará un interés mensual que será equivalente al mayor valor entre: a) “La rentabilidad real mensual del Fondo de Pensiones al que el trabajador esté adscrito en la respectiva Administradora, calculada por la Superintendencia, en el respectivo mes”, o b) “La tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional de menos de un año, que fije la Comisión para el Mercado Financiero, mensualizada”.

 

Surgen, entonces, las siguientes observaciones técnicas:

·     Para la opción a), la nueva ley no explicita que el costo de oportunidad relevante para el afiliado es el retorno que dejó de ganar en todo el periodo en el cual estuvo vigente de la deuda.

·       Para la opción b), la nueva ley señala expresamente que se debe considerar la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional de menos de un año. ¿Y qué pasa en las deudas de más de 1 año? Ni la nueva ley, ni la CMF consideran esta opción: se aplican tasas cortas a todo el periodo de una deuda larga.

·       

Las consideraciones técnicas anteriores no son nimiedades; no es buscarle la quinta pata al gato ni ser quisquilloso en demasía. Tienen efectos adversos concretos. El más peligroso de todos es que existe una ventana para seguir cometiendo los mismos errores de antes, aunque más moderados: calcular una deuda previsional que, bajo ciertas condiciones, podría exceder la Tasa Máxima Convencional, porque no se están usando ni las tasas correctas ni los plazos correspondientes. Y tampoco nos estamos asegurando que el afiliado sea debidamente compensado con su verdadero costo de oportunidad de sus fondos de pensiones.

 

Todo lo anterior debería hacernos reflexionar en, a lo menos, los siguientes tres puntos. Primero, a estas alturas, estas imprecisiones y errores son negligencia consciente. Segundo, ¿cómo se compensará en los casos concretos en los cuales hubo usura en el cobro de la deuda previsional? ¿y donde hubo, además, detenciones y otros apremios? Y tercero, no tienen que pasar otros 45 años para corregir y hacer las cosas bien de una vez por todas.

 

 

Iván Rojas B.