https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/03/18/el-problema-de-la-fne/
El problema de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) es que tiene muchos abogados y pocos economistas. Y no es que los economistas sean santos de mi devoción, al contrario, pero si se trata de una fiscalía con apellido, entonces es relevante, especialmente en el cambio de paradigma en los cuales se encuentra Chile, donde es muy probable que haya nuevos “enfoques” para abordar la competencia en los mercados.
La FNE es la agencia encargada
de defender y promover la libre competencia en todos los
mercados o sectores productivos de la economía. Su misión, entonces, es “defender
y promover la libre competencia actuando en representación del interés
público”. Para cumplir con su misión, la Ley de Defensa de
la Competencia (DL 211) establece
que la FNE es un servicio público descentralizado, independiente y que se
encuentra sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través
del Ministerio de Economía.
En resumen, la FNE investiga todo hecho,
acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o
que tienda a producir dichos efectos. Entre sus focos de investigación están
las prácticas colusorias, los abusos de posición monopólica y las
concentraciones que afecten o puedan afectar el funcionamiento eficiente de los
mercados y el bienestar del consumidor.
A marzo 2021, la dotación de personal fue
menos de 120 personas, de las cuales 52 son abogados y 30 son economistas (1,73
abogados por 1 economista). El presupuesto en 2020 fue recortado (-8,7%), siendo
unos $570 millones promedio mensual. En 2020 se iniciaron 38 investigaciones,
aumentando a 190 los casos en desarrollo. A juicio del Fiscal Nacional
Económico, “190 es un número de investigaciones que de todas formas es muy
elevado si se considera la gran complejidad de los casos y que nuestro equipo
no ha crecido”; señala, también, que “se necesitan más recursos”.
¿Más recursos? Puede ser. De hecho, su
presupuesto es menor que el del Servel, Injuv y el Consejo Nacional de
Televisión, por citar algunos ejemplos bastante decidores. Saque usted sus
propias conclusiones. Pero sin perjuicio de que eventualmente se requieran más
recursos, primero hay que asegurarse de usar eficientemente lo que hay. De eso
trata la primera parte de esta columna.
Si bien 2020, a pesar del contexto de la
pandemia, fue un año récord para la FNE en términos de cantidad de
requerimientos presentados al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de
recaudación de multas a beneficio fiscal (US$ 110 millones), de acuerdos
extrajudiciales aprobados y de cantidad de informes presentados, se debe
considerar que, dado los recursos escasos, el costo de oportunidad está presente.
Y, por lo tanto, la eficiencia en el ámbito del actuar de la FNE, más allá de
la cantidad de las variables antes mencionadas, tiene (o debería tener) mucho
que ver con el impacto que tiene su investigación en la cuantía de la pérdida
social del mercado en el cual interviene. Y ahí, por lo menos, tengo mis dudas.
Cazan ratones y se les pasan elefantes.
Cómo
no olvidar el denominado “cartel del fuego”, donde se “invirtió” tiempo y
recursos en investigar a dos empresitas que se habrían coludido para fijar
precios y condiciones de mercado en su servicio de combate de incendios
forestales a grandes indefensos y malos negociadores como Conaf, Celulosa
Arauco, Mininco y la Onemi. ¿Cuál es la elasticidad precio de la demanda de un
insumo que es un porcentaje mínimo de los costos totales para estos grandes
compradores?, ¿cuántas hectáreas no se combatieron adecuadamente producto del supuesto
sobreprecio cobrado de estas dos empresitas?
No
quiero que se malinterprete, toda colusión es repudiable; todo cartel tiene
afectados. Mi punto es el costo de oportunidad y la pérdida social no abordada
por tratar mercados que no son (tan) relevantes. Quizás también haya colusión
en los carritos de maní del centro…
Es
así como se extraña que la FNE, por ejemplo, no haya dado ya una luz de alarma
ante la evidente venta atada que existe en los mercados automotriz y
financiero. Con la escasez de autos producto de las restricciones de fletes
debido a la pandemia, las automotoras comenzaron a atar el crédito a la compra
del auto. Con listas de espera de clientes, se ha dado el “absurdo”, por
ejemplo, que el precio al contado es considerablemente mayor (sí, mayor, no
menor) que el precio si compra con crédito; se ha dado el absurdo, también, que
en algunas automotoras el precio al contado es meramente referencial y no
existe en la realidad: sólo se vende –obligatoriamente- con crédito. Al final,
si usted quiere “aprovechar” la oferta del precio con crédito, y después lo
prepaga, sumando y restando, no le va a convenir. Para qué decir que, a la hora
de firmar los papeles del crédito, no se señala que los seguros no son
obligatorios; para qué decir que renunciar posteriormente a dichos seguros es
más burocrático que cualquier servicio público. ¿Tendrá algo que decir la FNE
sobre esta venta atada? ¿Tendrá idea de la magnitud de la pérdida social
involucrada?
Ya
que estamos hablando de ventas atadas, la del negocio financiero atado al retail es, no solo evidente, sino
escandalosamente transversal. Pero, la FNE no se pronuncia. Mi experiencia
personal con la FNE fue que ante una denuncia que hicimos de venta atada, nos
atendió un joven economista que le interesaba saber si el % de las ventas con
el medio de pago propio era importante o no. Echamos de menos una capacidad
analítica cualitativa mayor. ¿Será mucho pedir?
Con
respecto a los tiempos que abarcan los análisis y estudios de los casos, los
cuales pueden llevar meses, el propio Fiscal Nacional Económico reconoce que “resulta
indispensable acelerar los tiempos de nuestras investigaciones”. Sin
comentarios.
Finalmente,
es bueno reflexionar sobre el actuar de la FNE en la nueva etapa por la cual
inevitablemente va a transitar Chile y su “modelo” de desarrollo. En los
últimos 30 años ninguna autoridad relevante –tampoco el mundo académico- hizo
la distinción entre el manoseado “modelo” y la versión chilena de su implementación.
El resultado, como se ha explicado latamente en variadas columnas anteriores,
ha sido el que tenemos hoy: después de tantos autoelogios en Icare y prensa
dominical, la bomba explotó y se ha culpado al “modelo” como la madre de todas
las desigualdades y abusos. Culpa que, en mi opinión, no la tiene per sé, mas
sí la implementación del mismo, la cual dio lugar a “equilibrios” oligopólicos
y generación de externalidades, conocidas en jerga popular como abusos. Para no
desviarme del tema, el punto es que en el “nuevo Chile” probablemente los
mercados sean analizados bajo otro prisma, y lo que antes “estaba bien” o se
dejaba pasar, ya no lo va estar. Como siempre hay que pensar positivo, en una
de esas, la corrección que siempre se necesitó –esto es, converger la
implementación chilena del modelo hacia el modelo teórico puro- viene por el
lado menos pensado. Y aquí, deberíamos tener una FNE 2.0, con un rol clave en
apoyar a un eficiente Estado fiscalizador. Pero para eso, faltan más
economistas (buenos).
Iván
Rojas B.
