https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2024/07/25/ninguna-comuna-quiere-una-carcel-seguro/
La externalidad negativa de tener una
cárcel dentro de la comuna podría asemejarse, al menos en parte, con tener un
vertedero de basura. Todas las comunas la necesitan o demandan su servicio,
pero nadie la quiere cerca.
El problema, entonces, es cómo
distribuir el costo de tener una cárcel entre todas las comunas. Para cada
comuna, la ubicación ideal sería tener una cárcel fuera de su territorio, pero
no excesivamente lejos. Esto supone un conflicto cada vez que se discute la
apertura de una nueva cárcel.
Una vez que se define el tamaño
óptimo de una cárcel considerando variables económicas, logísticas, operativas
y de administración, la ubicación de la misma estará sujeta a la disponibilidad
de terreno técnicamente adecuado y suficientemente amplio como para minimizar
las externalidades negativas que se producen a los barrios inmediatamente
aledaños y, por extensión, a la comuna afectada. A priori, en términos de costo
de terreno, por ejemplo, la gradiente de precios hace que éste sea más caro en
la medida que se acerca al centro o a los centros relevantes de la ciudad, y su
uso alternativo en términos productivos, son factores que sugerirían la no
conveniencia de establecer una cárcel en territorio urbano central, aun si hubiese
disponible –cosa muy poco probable- un terreno lo suficientemente grande.
En la problemática actual acerca de
la ubicación de una cárcel de alta seguridad, la discusión entre Gobierno y
municipios sobre su ubicación ha estado incompleta en lo que se refiere a los
elementos que harían de la misma un tema “más abordable”. El Gobierno ha
comunicado que la cárcel se construirá en la comuna de Santiago, y consistirá
en una ampliación del recinto Santiago 1 hacia predios adquiridos el año 2011
con ese fin. La explicación que se ha dado apunta a seguir desarrollando esta área
que, en palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, “es una zona que se ha
ido consolidando como un barrio judicial y un barrio penitenciario”. Si bien
esta lógica podría ser razonable, en el sentido de que la comuna de Santiago ya
ha asumido, por decirlo así, una parte importante de este costo fijo y que existe
la disponibilidad de terrenos aledaños (comprados con sobreprecio, pero eso da
para otro tema), lo que no se ha hablado es de compensar debidamente a la
comuna por dicho “servicio general” al resto del Gran Santiago.
El Gobierno, como autoridad central,
debería reducir la resistencia que tiene la comuna de Santiago al verse
“perjudicada” con esta medida, compensándola mediante un esquema que reparta
los costos implicados, de tal forma que la comuna afectada pueda destinar estos
recursos a “combatir” las externalidades negativas. En dicho esquema, incluso,
podría incluirse al resto de las comunas como pagadoras, al menos de alguna
parte del costo.
En el caso en que la disponibilidad
de terrenos adecuados esté más restringida, ciertamente que la periferia tiene
“ventajas”, pero con las debidas compensaciones. ¿HospitalxCárcel? Puede
ser.
¿Una cárcel de alta seguridad en Vitacura?
Sería impensado. Presumiblemente, comunas más ricas podrían estar dispuestas a
asumir parte del costo con tal de no verse obligadas a tener una cárcel,
mientras que comunas más pobres o con terrenos disponibles de menor valor,
podrían estar dispuestas a asumir el costo de tener una cárcel y analizar “la
oferta” conjunta de la autoridad central y del resto de los municipios.
Iván
Rojas B.
