Olvídese por un momento, aunque
cueste, de los presuntos casos de corrupción que tienen enredados a algunos
jueces, que implicarían tráfico de influencias con el fin de apitutar a cercanos en puestos de
trabajo, entre otros hechos. Olvídese por un momento también del lobby que
parlamentarios pueden hacer frente a un Fiscal Nacional. Olvídese, además, de
la suspicacia, por decirlo elegante, de la forma en que se nombran notarios y
conservadores. Olvídese que los que deben evaluar y sancionar a jueces sean sus
propios colegas. En fin, olvídese por un momento de la actual crisis del poder judicial, que salpica también a los
otros poderes del Estado.
La justicia como un valor supremo
para el bien común de la sociedad, es una utopía. ¿Por qué? Porque aunque el
sistema funcione de acuerdo a lo diseñado por la Reforma Procesal Penal -donde
se establece un esquema investigativo y acusatorio independiente de la función
de procesar y dictar sentencia en las causas, con juicios en teoría con
resultados más justos, y donde se pretende minimizar el error estadístico tipo
2 (esto sería, acusar a un inocente)- falla en la esencia de tema: buscar la
verdad y la justicia. Y las normas que supuestamente fueron establecidas para
proteger al ciudadano del desigual poder inquisitivo del Estado, muchas veces
se desvirtúan.
Tal como en educación, la calidad
de ésta y el clasismo permitieron que el mercado participara entregando un
producto supuestamente mejorado, previo pago de una suculenta matrícula y
mensualidades; o tal como en la salud, que gracias a un inoportuno y mediocre
servicio, el mercado captó un nicho cautivo de clientes mediante el sistema de
Isapres, en el sistema judicial ocurre algo similar. Cito solo dos ejemplos.
Una buena defensa se puede
comprar, con dedicación exclusiva o casi exclusiva, dependiendo de cuan jugosos
sean los honorarios. Los penalistas saben de economía: la demanda en estos
casos es bastante inelástica; y un defensor público es la versión barata del
servicio. Buscan a sus clientes como los de las funerarias a la salida del
hospital. ¿Preocupados de obtener la Justicia? No necesariamente. En vez de
abordar el fondo del caso, a veces es más rentable buscar la fecha de
prescripción y fecha de un finiquito por ahí, para alegar un sobreseimiento,
amparado en que, con calculadora de días en mano, la acción penal está inválida.
El hecho en sí importa poco, muy poco. Todo vale. El cliente siempre tiene la
razón.
Por su parte, un fiscal, por
ejemplo, perfectamente puede tener vigentes más de 1.000 causas. Con esa
recarga laboral, ¿estará preocupado de escudriñar todas las aristas, de hacer
todas las diligencias y no solo las que le conviene y, en definitiva, de
obtener Justicia en todas ellas? Para su evaluación de desempeño también valen
los juicios abreviados. Y si para ello, se deben inflar las causas antes de una
formalización y muñequear con las medidas cautelares, sin importar que causen
expectativas desmedidas en la ciudadanía, son inevitables piedras en el camino.
Una cámara de TV siempre es bienvenida. Es que los 15 minutos de fama son muy
tentadores y suman puntos en la carrera. Al final, desde la formalización al
juicio pasa tanto tiempo que todo se olvida. El combo inicial es el que vale.
Mientras en la práctica se
apliquen reglas de mercado a áreas de incumbencia de la Justicia, implícitamente
ésta será concebida como un bien de consumo. La Justicia seguirá siendo una
quimera, por más que se subsanen los hechos que hoy la tienen en crisis. La
buena noticia es que, hoy los tiempos exigen mayor transparencia y supervisión.
Pero no nos hagamos tantas ilusiones.
Iván Rojas B.
