Justicia

Olvídese por un momento, aunque cueste, de los presuntos casos de corrupción que tienen enredados a algunos jueces, que implicarían tráfico de influencias con el fin de apitutar a cercanos en puestos de trabajo, entre otros hechos. Olvídese por un momento también del lobby que parlamentarios pueden hacer frente a un Fiscal Nacional. Olvídese, además, de la suspicacia, por decirlo elegante, de la forma en que se nombran notarios y conservadores. Olvídese que los que deben evaluar y sancionar a jueces sean sus propios colegas. En fin, olvídese por un momento de la actual crisis del  poder judicial, que salpica también a los otros poderes del Estado.

La justicia como un valor supremo para el bien común de la sociedad, es una utopía. ¿Por qué? Porque aunque el sistema funcione de acuerdo a lo diseñado por la Reforma Procesal Penal -donde se establece un esquema investigativo y acusatorio independiente de la función de procesar y dictar sentencia en las causas, con juicios en teoría con resultados más justos, y donde se pretende minimizar el error estadístico tipo 2 (esto sería, acusar a un inocente)- falla en la esencia de tema: buscar la verdad y la justicia. Y las normas que supuestamente fueron establecidas para proteger al ciudadano del desigual poder inquisitivo del Estado, muchas veces se desvirtúan.

Tal como en educación, la calidad de ésta y el clasismo permitieron que el mercado participara entregando un producto supuestamente mejorado, previo pago de una suculenta matrícula y mensualidades; o tal como en la salud, que gracias a un inoportuno y mediocre servicio, el mercado captó un nicho cautivo de clientes mediante el sistema de Isapres, en el sistema judicial ocurre algo similar. Cito solo dos ejemplos.

Una buena defensa se puede comprar, con dedicación exclusiva o casi exclusiva, dependiendo de cuan jugosos sean los honorarios. Los penalistas saben de economía: la demanda en estos casos es bastante inelástica; y un defensor público es la versión barata del servicio. Buscan a sus clientes como los de las funerarias a la salida del hospital. ¿Preocupados de obtener la Justicia? No necesariamente. En vez de abordar el fondo del caso, a veces es más rentable buscar la fecha de prescripción y fecha de un finiquito por ahí, para alegar un sobreseimiento, amparado en que, con calculadora de días en mano, la acción penal está inválida. El hecho en sí importa poco, muy poco. Todo vale. El cliente siempre tiene la razón.

Por su parte, un fiscal, por ejemplo, perfectamente puede tener vigentes más de 1.000 causas. Con esa recarga laboral, ¿estará preocupado de escudriñar todas las aristas, de hacer todas las diligencias y no solo las que le conviene y, en definitiva, de obtener Justicia en todas ellas? Para su evaluación de desempeño también valen los juicios abreviados. Y si para ello, se deben inflar las causas antes de una formalización y muñequear con las medidas cautelares, sin importar que causen expectativas desmedidas en la ciudadanía, son inevitables piedras en el camino. Una cámara de TV siempre es bienvenida. Es que los 15 minutos de fama son muy tentadores y suman puntos en la carrera. Al final, desde la formalización al juicio pasa tanto tiempo que todo se olvida. El combo inicial es el que vale.

Mientras en la práctica se apliquen reglas de mercado a áreas de incumbencia de la Justicia, implícitamente ésta será concebida como un bien de consumo. La Justicia seguirá siendo una quimera, por más que se subsanen los hechos que hoy la tienen en crisis. La buena noticia es que, hoy los tiempos exigen mayor transparencia y supervisión. Pero no nos hagamos tantas ilusiones.

Iván Rojas B.