https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2021/12/22/reorganizacion-de-latam-y-donde-quedaron-los-acreedores-y-minoritarios/
La “quiebra” de Latam es muy
probablemente la más grande de la historia del mercado de capitales chileno. Y
como tal, el proceso de reestructuración debe tener la menor cantidad posible
de “errores”. En esta columna analizo el contexto y la situación de la
compañía, cito algunas cifras relevantes y, lo más importante a mi juicio,
planteo una hipótesis sobre la opacidad del proceso, la cual ha llevado al
malestar de acreedores y minoritarios, y sugiero algunos cursos de acción.
Contexto y situación de la compañía
A diciembre 2019, la fotografía
de Latam era la siguiente: activos por US$21.088 millones, pasivos por US$17.959
millones y patrimonio contable por US$3.129 millones.
Dentro del pasivo, la deuda
financiera fue US$10.416 millones (US$1.886 millones de corto plazo y US$8.530 millones a más de 1 año). Para
afrontar el corto plazo, esto es, un pasivo de US$6.961 millones, que incluyen pagar
(refinanciar) la deuda financiera de corto plazo y pagar proveedores, la compañía
ya comenzaba el 2020 con un déficit circulante de más de US$2.943 millones: tenía
activos corrientes de US$4.018 millones dentro de los cuales solo el 27% era
caja. Todas las fichas estaban jugadas a los ingresos del año 2020.
En términos de “a quién pertenece
realmente la empresa” o “quién tiene derechos sobre sus activos”, considere que
el pasivo excedía en 5,7 veces el
patrimonio contable. Esto será útil para el análisis posterior.
En 2019 Latam tuvo utilidades de
solo US$195 millones. Con todo, el mercado seguía apostando por la compañía: la
capitalización bursátil a diciembre 2019 fue US$6.082 millones (1,94 veces el
patrimonio contable). Si bien no eran los buenos tiempos como en el cierre de
2012 -capitalización bursátil de US$11.348 millones-, la fe del mercado seguía
siendo bastante optimista, a juzgar por las cifras descritas anteriormente.
Y llegó el 2020. La pandemia le
dio el tiro de gracia a la ya delicada situación de insolvencia de Latam. El 26 de mayo de 2020 la compañía
anunció que se acogía voluntariamente al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de
Estados Unidos, un proceso de reorganización que permite a una empresa que no
puede pagar sus deudas reestructurarse y apuntar a la continuidad de sus
operaciones y viabilidad futura, funcionando sin la presión de los acreedores.
Durante el año 2020, dentro del
proceso de reorganización, Latam obtuvo un financiamiento debtor in possession por US$2.450 millones con vencimiento en 2022.
De ellos, US$1.150 millones fueron girados en octubre de 2020. Adicionalmente,
la compañía utilizó el 100% de una línea de crédito garantizada por colateral
de activos, US$600 millones (Revolving
Credit Facility). En paralelo, Latam consideró la renegociación uno a uno
con sus acreedores y otras partes interesadas.
¿Y cómo cerró el 2020? Veamos. En
2020 Latam tuvo pérdidas de US$4.556 millones. Las deudas sumaron US$18.092
millones, de los cuales US$10.860 millones (60% del pasivo) es deuda financiera
(US$3.056 millones corto plazo + US$7.804 millones mediano a largo plazo). Del
total de deudas, US$7.492 millones son de corto plazo. En resumen, la
estructura del balance empeoró. Para enfrentar esto, los activos líquidos son
US$2.867 millones, de los cuales US$1.696 millones es caja. El 2020 cerró con
patrimonio negativo de US$2.442 millones. Pregunta: ¿De quién es, en realidad y
económicamente, la empresa?
El proceso de
reorganización
El proceso de reorganización
había que hacerlo contrarreloj. ¿Por qué? El propio Directorio señaló que “la
posibilidad que los acreedores decidan ejercer acciones de cobro forzado y la
imposibilidad de curar incumplimientos”, entre otros aspectos, “llevaron a considerar como mejor alternativa
una reestructuración reglada”. Así, “resultó necesario obtener una suspensión
temporal de ejecución que evitara demandas de los acreedores y otras partes
interesadas y, al mismo tiempo, continuar operando con sus principales activos,
proveedores, partes financistas, reguladores y trabajadores, mientras se estructura
una reorganización que haga viable financieramente a la compañía en un
escenario post pandemia”.
A diferencia de otros procedimientos,
el Chapter 11 no establece plazos concretos en los que se deba confirmar un
plan de reorganización o en los que Latam deba salir del Chapter 11. Pero sí
establece limitaciones al período de tiempo dentro del cual los deudores tienen
el derecho exclusivo de proponer y solicitar aceptaciones de un plan. Con
arreglo a esas disposiciones, Latam tiene el derecho exclusivo para proponer un
plan de reorganización.
El motivo está claro: la suspensión
automática de ejecución le permitiría a Latam utilizar las herramientas
sustantivas y procesales disponibles para continuar con la operación,
reorganizarse y renegociar ciertas relaciones contractuales clave, ajustándolas
a las nuevas condiciones.
¿Pero por qué un procedimiento como
el Chapter 11 -donde se supone que todos los acreedores recibirán un trato
justo, independientemente de que sean extranjeros o locales, donde se supone
que todos los acreedores contarán con la misma información y la misma
oportunidad de presentar peticiones y objeciones, y, en definitiva, donde todos
los acreedores pueden emitir un juicio informado sobre el plan de
reorganización- ha generado tanto malestar en los acreedores?
La razón es simple: ha quedado la sensación de que
los controladores se han “arreglado los
bigotes”, desangrando a los acreedores, y dentro de ellos, los acreedores
nacionales sienten que se les ha tratado de forma injusta, inequitativa y
arbitraria. Entonces, resulta que una empresa con patrimonio contable negativo,
donde los accionistas perdieron todo su patrimonio y “le quedan debiendo dinero
a la empresa”, ahora, mediante una serie de acuerdos se favorece a la familia Cueto
y a sus socios por sobre el resto de los acreedores e inversionistas, logrando
una reestructuración donde el pacto de accionistas dejaría a los Cueto y sus
socios con cerca del 30% de la compañía. Y los minoritarios antiguos… esos sí
perderán todo.
Se entiende que en una reorganización todos los
involucrados deban aceptar alguna pérdida con el fin de lograr la viabilidad
futura de la compañía. Pero la queja de los acreedores respecto de la opacidad
con la cual se ha llevado a cabo el proceso, deja una sensación de menor
control al no jugar de local y se levantan sospechas respecto de los reales
objetivos del mismo.
Ahora bien, no se trata solo que tenga fea
presentación o de un conflicto entre privados. Porque Latam les debe US$ 500 millones a AFP,
compañías de seguros y otras entidades locales. Y para ellos, el plan
involucraría aceptar un recorte de 80% de la deuda. ¿Tendrá algo que decir la CMF o se lavará las manos? ¿Se quedará
satisfecha la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento con lo que ha
hecho hasta ahora?
Así las cosas, quedan varias
preguntas por responder. Uno podría entender que ir al Chapter 11 en EE.UU.
podría ser lo óptimo, para levantar financiamiento fresco, dado los montos
requeridos, dentro de un esquema que cumpla el objetivo central de salvar la
compañía, asumiendo que vale más viva que muerta, y donde probablemente se
requeriría un recorte a los acreedores y una dilución de los accionistas
actuales. Pero, ¿y por qué no darle la opción a los minoritarios de enterar el
aporte que les corresponde en un plazo de, digamos, 5 años? ¿Por qué esa
arbitrariedad con los acreedores nacionales? ¿Por qué Latam obtuvo compromisos
de financiamiento de los accionistas vinculados a las familias Cueto y Amaro, y
Qatar Airways por US$900 millones, cuya disponibilidad está sujeta a la
negociación de los acuerdos definitivos y que sean aprobados como debtor in possession financing bajo el
Chapter 11? ¿Por qué no hacerlo en Chile, si la legislación es parecida a la de
Estados Unidos, de tal manera de garantizar de primera mano que el proceso de
reestructuración más grande de la historia de Chile se realice con la atenta mirada
de la CMF y de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento? ¿Y por
qué el real apuro del Directorio de acogerse al Chapter 11, más allá de bloquear
las demandas de acreedores en Chile?
¿Fue lo mejor para los acreedores
nacionales y minoritarios que el tema se llevara a tribunales extranjeros?
Hasta ahora no está tan claro. Para los controladores, parece que sí.
El hecho de que en Estados Unidos
se den garantías de realizar un proceso exitoso desde el punto de vista
“metodológico” y de sus resultados, no es garantía que esté bien hecho.
Origen, hipótesis y
curso de acción sugerido
Como señalé anteriormente, el 26
de mayo de 2020 la compañía anunció que se acogía voluntariamente al Chapter 11;
el 28 de mayo, la justicia de EE.UU. dio luz verde. El juez a cargo, Mr.
Garrity, accedió a todas las peticiones de la firma.
El lunes 1 de junio de 2020, Conadecus
presentó una demanda colectiva en contra de Latam. El mismo día, los abogados
de Latam presentaron un requerimiento para que se reconozca en Chile el proceso
de reorganización en EE.UU. El jueves 4 de junio a las 19:57 hrs., el juez
interino del Segundo Juzgado Civil de Santiago resolvió acoger la solicitud
presentada, haciendo un check list
del cumplimiento de los simples requisitos de forma establecidos en el Art. 314
de la Ley 20.720 (del tipo, verificar si está traducido al idioma castellano,
por ejemplo) y de los presupuestos sustantivos establecidos en el Art. 316 del
mismo cuerpo legal.
Si bien en esta instancia
–lamentablemente- no se entra a analizar la pertinencia del fondo de la
solicitud, aun así se ven cosas raras. Por ejemplo, respecto al último de los
requisitos del artículo 316, la resolución señala que “la memoria del año 2019
acompañada con la solicitud, da cuenta que el Grupo Latam desarrolla parte relevante de su negocio en Estados Unidos,
transando sus acciones en la bolsa de valores de Nueva York, emitiendo bonos en
el mercado internacional conforme a las leyes de valores de dicho país, y
siendo además este el lugar donde actualmente se tramita su reorganización. En
razón de lo expuesto, resulta dable estimar que Estados Unidos constituye el
Estado donde el deudor tiene el centro de sus principales intereses, constatándose así la efectividad del último de los presupuestos
analizados”.
¿Es realmente así? ¿Y las
acciones que se transan en Chile? En la misma memoria 2019 se da cuenta que de
los 41.729 empleados de la compañía, solo el 0,6% corresponde a Estados Unidos
(página 92 y 93 de la memoria); o que del total de los ingresos en 2018 y 2019,
solo el 10% lo explica Estados Unidos (página 202 de la memoria). ¿Para buscar
“los intereses de la compañía”, nos vamos al lado derecho o al lado izquierdo
del balance? Como nota interesante, el punto 4 del Art. 316 señala que “no
habrá impedimento para que se modifique o revoque el reconocimiento en caso de
demostrarse la ausencia parcial o total de los motivos por los que se otorgó, o
que esos motivos han dejado de existir”.
¿A quién le conviene realmente
que el caso no se vea en Chile? ¿Cómo llegó al 2° Juzgado? ¿Por qué el 2°
Juzgado resolvió tan rápido un tema tan delicado, considerando que uno de los
requisitos puede ser totalmente discutible? ¿Por qué fue calificado como "procedimiento
extranjero" (Art. 301 letra a) y no como “procedimiento extranjero no
principal" (Art. 301 letra c)? ¿Acaso no merece todo este proceso una
investigación periodística a fondo y un peritaje por parte de los acreedores?
¿Qué ocurriría si se comprobara que el proceso partió viciado en su origen?
¿Qué diría Mr. Garrity de todo ello, especialmente si considera los
antecedentes de la administración de Latam en materia de multas y sanciones por
violaciones a las leyes de competencia y FCPA?
No estoy diciendo que haber ido a
Estados Unidos haya estado mal. Lo que planteo es que todo el malestar de los
acreedores, especialmente los bonistas nacionales que representan platas de las
pensiones, en un contexto donde queda en el ambiente que hay grandes ganadores
a costa de grandes perdedores, amerita una revisión de todo proceso desde el
origen.
A septiembre 2021, la compañía tuvo
pérdidas por US$692 millones. Registra pasivos totales de US$18.764 millones,
de los cuales US$10.250 millones corresponden a deuda financiera (acreedores
antiguos + acreedores nuevos) y patrimonio contable negativo de US$4.325
millones. Nuevamente preguntamos: ¿De quién es, en realidad y económicamente,
la empresa?
Varios conocidos minoritarios, al
ver que se ha esfumado su inversión, me preguntan sobre Latam. El mejor consejo
que les puedo dar es: investiguen el origen del proceso.
Iván Rojas
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