LATAM: otra vez enredada. Efecto colateral en minoritarios y acreedores.

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Una noticia que ha pasado bastante “piola” es la multa de US$ 41 millones que la aerolínea brasileña GOL pagará para “resolver” investigaciones de soborno por parte de autoridades en Estados Unidos y Brasil. GOL celebró un acuerdo de juicio diferido (DPA) de tres años con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), en relación a una acusación de violar las leyes de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), al pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios en Brasil a cambio de la aprobación de leyes que beneficiaban a la aerolínea, y luego tratar de ocultar sus sobornos como transacciones legítimas. Como parte del DPA, GOL seguirá cooperando, y debido a la condición financiera de GOL, la sanción fue rebajada a US$17 millones.

 

El Fiscal americano señaló: “El FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley trabajarán para eliminar la corrupción en cualquier lugar donde ocurra, ya sea en el país o en el extranjero”.

 

¿Y qué tiene que ver esto con LATAM? Mucho. En 2019, el dueño de GOL, Henrique Constantino, aparte de hablar de los sobornos, delató la existencia de una “red de favores”, donde se pagaban coimas en conjunto con LAN (hoy LATAM), Avianza y Azul.

 

El abundante prontuario de LATAM de conductas graves y reiteradas en el tiempo, no le permite darse más lujitos de este tipo. ¿Patrón de conducta? Juzgue usted. Repasemos rápidamente algunos hechos.

 

En materia de corrupción, LATAM ya ha infringido la FCPA. En 2016, el DOJ y la US. Securities and Exchange Commission (SEC), multaron por más de US$22 millones a LATAM, por el pago de US$1,15 millones en 2006 y 2007 que LAN hizo a un funcionario público para poner fin a disputas sindicales. Los pagos se hacían en base a un “contrato de consultoría”, en conocimiento del CEO de LAN a esa época, Ignacio Cueto, quien también fue multado personalmente. LATAM firmó un acuerdo DPA, donde se comprometía a continuar cooperando, robustecer su programa de cumplimiento y acogerse a un monitoreo independiente. En 2013, en otro caso, LAN Argentina pagó una suma “extra” de US$21 millones en el caso conocido como "la Cámpora" (movimiento liderado por el hijo de la otrora Presidente Fernández de Kircher).

 

En materia de libre competencia, ha estado involucrada en casos de colusión. En 2009, dos filiales de LAN (LAN Cargo y ABSA, su filial en Brasil) reconocieron haber sido parte de un cartel para eliminar la competencia mediante acuerdos colusorios de fijación de precios. La multa fue de US$109 millones; mediante acuerdo, finalmente pagó US$66 millones. El cartel también fue sancionado en Europa.

 

¿Y qué hizo nuestra Fiscalía Nacional Económica? Respecto de las causas de colusión de LAN sancionadas en EE.UU y Europa, la FNE decidió archivar los antecedentes sin instruir investigación (Resolución del 15.06.2009, dictada en expediente Rol Nº 1456-09).

Y no olvidemos hechos anteriores como cuando a solo un año después de aprobada la fusión Lan Chile con Ladeco, la Comisión Resolutiva las sancionó por prácticas predatorias en contra de Aerovías DAP; la sanción a Juan José Cueto y Sebastián Piñera por uso de información privilegiada; y la sanción a LAN por la explotación abusiva de su posición dominante (filial Fast Air), entre otros.

 

La lista es más larga, pero el punto está claro. ¿Se trata de conductas aisladas?  Volvamos al caso GOL. Acá no valen explicaciones vagas, simples e ingenuas por parte de LATAM para aclarar el punto. Explicaciones del tipo "no tenemos conocimiento sobre esta supuesta acusación” y “que, en caso de ser requerido, colaboraremos activamente con las autoridades correspondientes", son demasiado banales y no deberían dejar satisfecho ni a la CMF ni a los minoritarios ni a los acreedores. A todo esto, ¿dónde está la CMF? ¿Habrá solicitado información completa a LATAM en pro de proteger los intereses de los minoritarios y del mercado en general?

 

LATAM está en la lupa del DOJ y la SEC. Su credibilidad, digámoslo francamente, no vale mucho. Por tanto, no sería sorpresa si viene una nueva sanción. Como dato “curioso”, el mes pasado Bloomberg informó que Goldman Sachs gestionaría un préstamo de US$750 millones a LATAM. ¿Cuáles serán los usos? Para pagar créditos y para cubrir –nótelo bien- ¡multas corporativas! Use discernimiento el lector. ¿No será mucho?

 

Todas las multas pagadas han sido un egreso de caja de la compañía, cuyo costo de oportunidad fue abonar deuda, pagar dividendos o ser reinvertida. La pregunta es, ¿por qué deben asumir los minoritarios y los acreedores este pago que no es de su responsabilidad, toda vez que no corresponde a los flujos operacionales de la compañía? ¿Podrían los minoritarios y acreedores demandar al Directorio por un tipo de administración desleal? El mero hecho que se haga pública una sanción, hace un tremendo daño corporativo. Luego, si el gobierno corporativo no hace lo suficiente para prevenirlos, es sancionable.  En el caso de los minoritarios, la consecuente caída en el precio de la acción producto de estas sanciones podría constituir el daño directo inmediato; en el caso de los acreedores, el mayor costo de capital desvaloriza su deuda; y en ambos casos, tanto para minoritarios como acreedores, darse cuenta a posteriori que tienen su plata invertida en una compañía cuya trayectoria no es la que ellos evaluaron, les cambia el riesgo y los flujos esperados. Gato por liebre.

 

La CMF y la Fiscalía deberían no solo tomar nota del asunto. Deberían recordar que la OCDE ya les dio un tirón de orejas y “no les compró” que se haya archivado el caso LAN y los sobornos en Argentina, argumentando prescripción y que no había jurisdicción. Y cuando se reabrió el caso, fue nuevamente archivado “por razones que no están completamente claras”, según la propia OCDE.

 

La moraleja de este caso será tratada en una próxima columna.

 

Iván Rojas