La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha iniciado dos procesos judiciales ante el TDLC en contra de Tur Bus, Pullman y otros, tras constatar “la existencia de acuerdos entre competidores con el objeto de impedir el ingreso de nuevos actores y de fijar tarifas a público y frecuencias en determinadas rutas del país”. En el primer requerimiento la FNE acusa colusión para acaparar oficinas en ciertos terminales, obstaculizando el ingreso de nuevos actores; en el segundo, acusa la existencia de acuerdo de tarifas y de frecuencias en ciertas rutas. Dentro de las pruebas se incluye la interceptación telefónica[1], donde se pone en evidencia los acuerdos entre las partes.
Desde la teoría económica, es útil recordar que los equilibrios se dan, y esta no es la excepción. Cournot plantea su equilibrio de duopolio donde dos actores se reparten el mercado, llegando a una situación final donde la cantidad producida es menor que la de competencia; Bertrand plantea algo similar, pero la variable de ajuste es el precio; Por el lado de la teoría de juegos, cada “jugador” analiza las distintas alternativas que tiene disponible y selecciona aquella estrategia que domina al resto. El equilibrio de Nash coincide con Cournot y Bertrand.
Una conclusión importante es que para llegar a dicho equilibrio no es necesario un acuerdo explícito entre las partes. La maximización de la utilidad los lleva solitos a este punto, porque cada jugador anticipa a su adversario y, conciente o no de ello, se “pone en sus zapatos” y reacciona. En este contexto, las pruebas que entregan las llamadas telefónicas son la guinda de esta triste torta.
La situación actual de los buses interurbanos no debería sorprendernos. Dos actores concentran el 72% del mercado (50% Tur Bus y 22% Pullman), operan varias líneas y han crecido esencialmente en base a fusiones y adquisiciones. El actuar de la FNE es sumamente relevante porque dicha concentración es parte de una repuesta “natural” a tantas otras conductas que se observan en nuestro país. ¿Se le vienen a la mente otras industrias?
La FNE se está tomando muy en serio su rol. Sabe que la mejor forma de proteger al consumidor es a través de la competencia. Las multas solicitadas en este caso suman USD48 millones, la mayor registrada en Chile para este tipo de actos: una señal clara y firme, que deberá ser internalizada en todas las industrias.
El uso de esta medida se incorporó en la última modificación al DL 211. Según la FNE, esto le permite cumplir de mejor manera “con su compromiso de combatir los carteles, en directo beneficio del mercado y de los consumidores”.
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