La forma en que simpatizantes del régimen de Maduro compraron el Ferrocarril Oriental Boliviano sin desembolsar dinero propio

 https://interferencia.cl/articulos/la-forma-en-que-simpatizantes-del-regimen-de-maduro-compraron-el-ferrocarril-oriental

La historia de cómo los empresarios Carlos Gill Ramírez –empresario de origen paraguayo-venezolano, que mantuvo vínculos con los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales- y su socio Peter O´Toole –cónsul de Irlanda en Bolivia- adquirieron las acciones que les permitió el control del Ferrocarril Oriental, es una muestra clara del despojo a manos llenas que ha sufrido Bolivia. Se hicieron de las acciones del Ferrocarril Oriental sin aportar recursos propios; utilizaron los recursos generados por el propio ferrocarril para financiarse, negando deudas y compromisos adquiridos. En definitiva, se podría decir que compraron el ferrocarril sin dinero. Todo lo anterior, cumpliendo con la forma de una aparente normalidad de balances y directorios.

 

Durante los años noventa, el grupo chileno CB controlaba Ferroviaria Oriental S.A. a través de su participación societaria “aguas arriba” en la sociedad Inversiones Ferroviarias Bolivianas Ltda. (Inversiones Ferroviarias Bolivianas Ltda es dueña del 67,54% de Transportes Ferroviarios S.A., y esta última participa en una sociedad boliviana llamada Trenes Continentales S.A., que finalmente es dueña del 50% de Empresa Ferroviaria Oriental S.A.).

 

En el año 2000, CB vendió dichas acciones a la sociedad de capitales norteamericanos Genesee & Wyoming Inc. (G&W), quien las adquirió a través de su filial chilena, por un total aproximado de US$ 19,4 millones de la época. En esta transacción quedó un saldo por pagar a CB de US$ 12 millones, más intereses, pactados a tres años. La fuente de pago sería los dividendos correspondientes de Ferroviaria Oriental.

 

En garantía de este saldo de precio, se constituyó en favor de CB y sus bancos acreedores (5 bancos chilenos) prenda y prohibición de gravar o enajenar las acciones de la sociedad Transportes Ferroviarios, designándose un banco agente para realizar el cobro y distribuir lo recaudado. El contrato de prenda establecía claramente que todo ingreso que recibiere anualmente Inversiones Ferroviarias Bolivianas (representada ahora por sus nuevos compradores), debía ser usado para amortizar la deuda con CB, pagándose a los bancos acreedores y, lógicamente, el saldo de precio a CB.

 

Los abonos que G&W realizó a CB básicamente correspondieron a intereses parciales durante algunos años, sin amortizar el capital de la deuda. G&W controló el ferrocarril hasta el año 2009 y la deuda seguía plenamente vigente y en aumento. No se cumplió lo pactado, a pesar de que G&W recibió millonarios dividendos del ferrocarril.

 

Pues bien, en el año 2009, G&W vendió su participación accionaria –que no había pagado a CB-, sin dar cuenta a CB ni a los bancos acreedores de la deuda vigente ni de las circunstancias de la venta. G&W se salió del negocio del ferrocarril sin pagar lo adeudado, vendiendo acciones prendadas. El comprador de estas acciones fue la sociedad YULARA INVERSIONES, cuyos socios son los empresarios soyeros Carlos Gill Ramírez y Peter O´Toole. 

 

¿Cómo se materializó la compra? Carlos Gill Ramírez y Peter O´Toole no desembolsaron un solo dólar para adquirir el ferrocarril. ¿Cómo se financió la compra, entonces? Con los recursos propios de Ferrocarril Oriental, no distribuidos y con los dividendos futuros, ignorando dolosamente los compromisos adquiridos con CB y sus bancos acreedores. ¿Cómo fue posible lo anterior? Sin duda requirió un concierto previo entre comprador y vendedor, y una estructura jurídica que sostenga y permita la ejecución de dicha figura de apropiación reiterada en el tiempo, con el rol fundamental de abogados chilenos representantes de sociedades vinculadas al ferrocarril en Chile.

 

Como perfeccionamiento del fraude, y a objeto de legitimar el actuar doloso de los involucrados, en el año 2010 se citó a una Junta Extraordinaria de Accionistas, en la cual se buscó, entre otros temas, la aprobación de créditos relacionados en sociedades donde los directores tienen interés. La Junta de accionistas fue reducida a escritura pública notarial solo parcialmente, sin dar cuenta de la aprobación de dichos créditos. Así, en los años 2010, 2011 y 2012 no hubo pago a CB, a pesar de la repartición de los cuantiosos dividendos de parte de Ferroviaria Oriental.

 

Como referencia, entre 2001 y 2015, Ferroviaria Oriental distribuyó aproximadamente USD 73 millones en dividendos. De ese total, cerca de USD 10 millones correspondían a la participación vinculada a la venta original de CB; pero recibió USD 6 millones. La diferencia no recibida es un monto equivalente al cual Gill Ramírez y O´Toole pagaron a G&W. En los años 2016 y 2017 nada se pagó y eso sigue al día de hoy.

 

De esta forma se explica cómo un amigo del régimen de Nicolás Maduro y Evo Morales logra hacerse de una empresa estratégica, comprándola sin dinero propio y a precios ridículos, aprovechándose de que sus controladores (G&W) se sienten amenazados, no pueden desarrollar su negocio y quieren abandonar el país. No es extraño que capitales venezolanos usufructen de sus conexiones políticas y tengan una participación en importantes empresas de Bolivia. Y en este caso particular, tener el control de toda la red ferroviaria boliviana -Ferrocarril Oriental y Ferroviaria Andina-, para no solo integrarlo verticalmente con el negocio de la soya, cosa ya peligrosa para el correcto funcionamiento de los mercados, sino, además, controlar un sector estratégico económica y políticamente que permita consolidar el proyecto del tren bioceánico. Ese es el verdadero valor de Ferrocarril Oriental, el valor por lo que es y por donde está, más allá del análisis puntual de las ganancias actuales bajo la actual administración, las cuales, muy probablemente estén por debajo de las que deberían ser en condiciones óptimas tanto internas (operación bajo la lógica de maximización de utilidades con correctos precios de transferencias entre cliente-proveedor), mercados competitivos, y un país donde el orden público económico garantiza los derechos de propiedad y minimiza todo tipo de imperfecciones de mercado.

 

Todos los hechos descritos -que huelen a saqueo, con complicidad de abogados y bancos chilenos- deben ser investigados no solo en Chile y Bolivia, sino también en Estados Unidos, como un gran caso de corrupción, para que sirva de ejemplo de cómo se corrigen estas distorsiones que van mucho más allá de un conflicto entre privados. Son este tipo de hechos los que hacen la diferencia entre el mundo desarrollado y, lamentablemente, nosotros.

 

 

Iván Rojas B.

 

 

 

Tres errores más graves que el de las cuentas de la luz… y nadie dice nada

 Columna censurada por El Mostrador.

https://interferencia.cl/articulos/tres-errores-mas-graves-que-el-de-las-cuentas-de-la-luz-y-nadie-dice-nada

El reciente error de cálculo en las cuentas de la luz consistió en una inconsistencia metodológica en el cálculo de las tarifas: se aplicó dos veces el ajuste por IPC. Pero no es que se haya duplicado un mismo proceso; el error ocurrió al aplicar una tasa de interés corriente para operaciones no reajustables a un monto reajustado por IPC, incorporando de forma implícita un segundo efecto inflacionario, ya que se trata de una tasa nominal. El caso evidenció fallas en los controles y desconocimiento técnico financiero básico.

 

A continuación, expondré tres casos de errores metodológicos muchos más graves que el de las cuentas de la luz. Los dos primeros ya han sido mencionados en columnas anteriores, por lo que seré breve en la explicación; el tercero es nuevo.

 

Un error conceptual ampliamente denunciado en columnas y cartas a las autoridades correspondientes es el del cálculo del verdadero pasivo por rentas vitalicias de las compañías de seguros. Se supone -así se diseñaron, así se publicitan, así se venden- que una renta vitalicia es un compromiso libre de riesgo (de no pago) que la compañía de seguros adquiere con el pensionado por esta modalidad. Pues bien, todo flujo futuro libre de riesgo debe, necesariamente, ser descontado a la tasa libre de riesgo. Eso no ocurre en este caso. La normativa permite hacer trampa y descontar a una tasa (o vector de tasas) con premio. Por lo tanto, el valor presente de estos flujos –que equivale al pasivo registrado en el balance de la compañía de seguros- está subvalorado. Se está reconociendo y registrando una deuda con los pensionados que no corresponde a una renta vitalicia. A eso, agréguele el efecto de las mayores esperanzas de vida que no han sido incorporados a plenitud. Dado el grado de apalancamiento de la industria, si las compañías de seguros contabilizaran la verdadera deuda que tienen con los pensionados quedarían con un patrimonio ínfimo o incluso negativo. Estarían quebradas. Viven por una ficción contable al amparo de un error de cálculo. La CMF y la Superintendencia de Pensiones, con pleno conocimiento de la situación, no han querido hacer caso a las advertencias; en vez de abordar el problema y resolverlo en forma planificada, con calma y tiempo, siguen permitiendo que el déficit se agrande y porfiadamente señalan que el cálculo se ajusta a la normativa vigente, cuando lo que se le está diciendo es que la normativa está errada y debe ser cambiada. Su irresponsabilidad no solo afecta a los pensionados por rentas vitalicias, sino que a todo el sistema de pensiones en su conjunto. Tarde o temprano darán cuentas de ello.

 

Un segundo error dice relación con la metodología del cálculo de la deuda previsional atrasada. En mis dos columnas anteriores desarrollé este tema. La Superintendencia de Pensiones, con el fin de “aclarar” el artículo 19 del DL 3.500 de 1980 que trata sobre el cálculo de la deuda previsional, redactó una “Metodología de cálculo de liquidación de cotizaciones previsionales impagas”. El documento no solo es ambiguo e impreciso, sino que induce a error. En resumidas cuentas, con una alta probabilidad, se malinterpreta esta norma y los cobradores aplican la Tasa Máxima Convencional (TMC) + 50%.  Además, se comete el mismo error que en las cuentas de la luz: se comparan opciones entre tasas nominales y reales a aplicar a un monto previamente reajustado por IPC, sin discriminar. Si bien la nueva Ley de Pensiones (Ley 21.735) corrigió esta metodología y es un gran avance, siguen existiendo errores: no explicita que el costo de oportunidad relevante para el afiliado es el retorno que dejó de ganar la inversión de la AFP en todo el periodo en el cual estuvo vigente de la deuda, y no hay coherencia entre tasas aplicadas con el monto y plazo de la deuda. En definitiva, existe una ventana para seguir cometiendo los mismos errores de antes, aunque más moderados: calcular una deuda previsional con una tasa que excede la TMC, porque no se están usando ni las tasas correctas ni los plazos correspondientes; y tampoco nos estamos asegurando que el afiliado sea debidamente compensado con su verdadero costo de oportunidad de sus fondos de pensiones.

 

El tercer error tiene que ver con el cálculo de la deuda de impuestos atrasados. Hasta 1987, la tasa de interés a aplicar a los impuestos adeudados era una 2,5% mensual (esto es 30% anual). En diciembre 1987 (Ley 18.681 art. 14 y Ley 18.682 art. 5, que modificaron el Código Tributario), el 2,5% mensual a cambió a "solo" 1,5% mensual (18% anual). Debido a que previo a aplicar las tasas anteriores, la deuda debía ser reajustada por IPC, se entiende que el 2,5% y el 1,5% mensual son tasas reales (reajustables).

 

A partir de enero de 2025 ya no se aplica el 1,5% mensual. Entonces, durante 37 años se aplicó, según normativa, un interés de 1,5% mensual a una deuda reajustada por IPC. Estamos hablando de UF+18% anual, una tasa altísima que excede la TMC para operaciones reajustables. Y para qué hablar previo a 1988. Usura por parte del propio Estado. Si a lo anterior se agregan las multas, que van por un carril separado, la deuda de impuestos en pocos años se convierte no solo en una deuda irracional, sino también impagable. Sorprende, además, que durante tanto tiempo se hayan usado tasas de interés fijas, sin ninguna parametrización en función de las tasas de mercado.

 

Como señalé, hubo un cambio importante. La Ley 21.713, de octubre 2024, modificó algunos artículos del Código Tributario y ya no se aplica el 1,5% de interés mensual moratorio. Desde enero de 2025 se considera “la tasa de interés corriente aplicable a operaciones a un año o más, reajustables en moneda nacional, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 UF, publicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), incrementada en 3,5%” (o, mejor dicho, 350 puntos base).

 

En Chile muchas cosas se hacen a medias, y esta no es la excepción. Hay, a lo menos, dos observaciones importantes.

 

En primer lugar, agregar un 3,5% a la tasa de interés corriente indicada da un resultado que excede la TMC estipulada como límite para la usura. Por ejemplo, el SII determinó (Res. Ex. N°75) que para el segundo semestre de 2025 se aplicará una tasa de interés en base al informe de tasas de la CMF de junio, en el cual, la tasa de interés corriente para operaciones reajustables de 1 año o más, inferiores o iguales a 2.000 UF es UF+ 4,5% anual. Entonces, a la deuda de impuestos se le aplicaría 4,5% + 3,5% = UF+8% anual. Pues bien, la TMC informada por la misma CMF para este segmento es UF+6,75% anual.

 

La segunda observación, es que existen 6 tipos de interés para operaciones no reajustables y 3 tipos de interés para operaciones reajustables; y, por lo tanto, existen 6 TMC que se estipulan como un límite para la usura, las que dependen del tipo de operación (reajustable o no reajustable, monto y plazo). Como señalé, toda deuda de impuestos se remite a una sola tasa. ¿Y qué pasa en las deudas de más de 2.000 UF? ¿Y qué pasa en las deudas menores a 1 año? En ambos casos se aplica una tasa que no corresponde a su segmento. Sigamos con el informe de tasas de la CMF. La TMC para operaciones reajustables de menos de 1 año es UF+7,08% y la TMC para operaciones reajustables de más de 1 año para montos superiores a 2.000 UF es UF+6,60%. Pero para una deuda de impuestos, como vimos, a ambos casos se aplicaría UF+8%.

 

Sí, el propio Fisco de Chile comete usura.

 

La Ley 18.010 establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero, y define la Tasa Máxima Convencional; su espíritu es poner un límite a la tasa de interés con el fin de no cobrar tasas usureras. Tanto en el cálculo de la deuda previsional como en la deuda de impuestos, si bien los cambios en las normativas han corregido distorsiones graves, los errores que permanecen dan espacio para la usura.

 

¿Qué pasa con una deuda cuando hay usura? El art 8 de la Ley 18.010 señala que “se tendrá por no escrito todo pacto de intereses que exceda el máximo convencional, y en tal caso los intereses se reducirán al interés corriente (…)”. Con este recálculo, el acreedor debe devolver intereses recibidos en exceso. En efecto, el mismo cuerpo legal agrega que “cuando corresponda devolver intereses en virtud de lo dispuesto en esta ley, las cantidades percibidas en exceso deberán reajustarse (…)”.

 

Reflexiones finales. Los tres errores comentados son negligencia consciente. En el caso de la deuda previsional, tuvieron que pasar 45 años para corregir a medias el error; en el caso de la deuda de impuestos, 37 años, y también una corrección a medias; en el caso del cálculo del verdadero pasivo de las compañías de seguros por rentas vitalicias, se sigue con la porfía. El error en las cuentas de la luz es una tasa de leche en comparación con éstos. Estamos hablando de conceptos financieros básicos.

 

Sorprende que autoridades supuestamente técnicas sean tan deficientes. Sorprende que desde el mundo académico o de los centros de estudios no se haya dicho nada. Sorprende, también, que los cambios en cada legislación hayan “pasado piola”, nadie se haya percatado de la grave situación anterior y que los cambios realizados son insuficientes. Nadie dice nada.

 

Chile a medias. Condorito diría: “¡Exijo una explicación!”.

Iván Rojas B.

Nueva Ley de Pensiones y cambios en el cálculo de la deuda previsional (parte 2)

 https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/10/17/nueva-ley-de-pensiones-y-cambios-en-el-calculo-de-la-deuda-previsional-parte-2/

En la columna anterior analicé el positivo cambio al DL 3.500 de 1980 que la nueva Ley de Pensiones (Ley 21.735) incorpora en lo que se refiere al cálculo de la deuda previsional atrasada. Concluí que dicha modificación regulatoria es un gran avance y corrige un grave error en la usura existente en la cobranza actual. Apunta a algo más racional desde el punto de vista financiero. Sin embargo, es imperfecta. En esta columna abordaré la pregunta: ¿Cuál debería ser el cálculo justo de una deuda previsional? Y en función de ello, analizaré la nueva normativa.

En primer lugar, definamos “justo”, como calificativo aplicado al monto de la deuda. En lo particular de una deuda previsional, debería ser una cifra correcta financieramente y cuyo objetivo sea compensar al afiliado su costo de oportunidad más un premio equivalente a un “castigo razonable” que pague el deudor, pero en paralelo también debería estar en coherencia con el espíritu de la Ley 18.010 que controla la usura y con la Ley 20.715 que protege a los deudores.

 Lo correcto debería ser:

 

o   Cálculo 1: Determinar el retorno promedio de las AFP en el multifondo correspondiente para todo el período de la deuda, con el fin de conocer todo lo que el afiliado dejó de ganar en sus fondos de pensiones. Aplicar un recargo de 1,5 a dicho retorno, a título de multa al empleador. Esta rentabilidad recargada sería la tasa de interés compuesto de actualización de la deuda previsional.

o   Cálculo 2: Reajuste de la deuda por IPC + Tasa Máxima Convencional (TMC) para operaciones reajustables que corresponda según monto de la deuda y plazo impago.

o   Elegir el mayor valor entre las dos cifras anteriores.

 

¿Es este “cálculo justo” exactamente igual al que propone el cambio de metodología de la nueva Ley de Pensiones? No. Comparemos: la nueva ley estipula que el monto nominal de la deuda será reajustado de acuerdo con la variación que experimente la UF en el periodo respectivo. A esta deuda reajustada se le aplicará un interés mensual que será equivalente al mayor valor entre: a) “La rentabilidad real mensual del Fondo de Pensiones al que el trabajador esté adscrito en la respectiva Administradora, calculada por la Superintendencia, en el respectivo mes”, o b) “La tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional de menos de un año, que fije la Comisión para el Mercado Financiero, mensualizada”.

 

Surgen, entonces, las siguientes observaciones técnicas:

·     Para la opción a), la nueva ley no explicita que el costo de oportunidad relevante para el afiliado es el retorno que dejó de ganar en todo el periodo en el cual estuvo vigente de la deuda.

·       Para la opción b), la nueva ley señala expresamente que se debe considerar la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional de menos de un año. ¿Y qué pasa en las deudas de más de 1 año? Ni la nueva ley, ni la CMF consideran esta opción: se aplican tasas cortas a todo el periodo de una deuda larga.

·       

Las consideraciones técnicas anteriores no son nimiedades; no es buscarle la quinta pata al gato ni ser quisquilloso en demasía. Tienen efectos adversos concretos. El más peligroso de todos es que existe una ventana para seguir cometiendo los mismos errores de antes, aunque más moderados: calcular una deuda previsional que, bajo ciertas condiciones, podría exceder la Tasa Máxima Convencional, porque no se están usando ni las tasas correctas ni los plazos correspondientes. Y tampoco nos estamos asegurando que el afiliado sea debidamente compensado con su verdadero costo de oportunidad de sus fondos de pensiones.

 

Todo lo anterior debería hacernos reflexionar en, a lo menos, los siguientes tres puntos. Primero, a estas alturas, estas imprecisiones y errores son negligencia consciente. Segundo, ¿cómo se compensará en los casos concretos en los cuales hubo usura en el cobro de la deuda previsional? ¿y donde hubo, además, detenciones y otros apremios? Y tercero, no tienen que pasar otros 45 años para corregir y hacer las cosas bien de una vez por todas.

 

 

Iván Rojas B.

Nueva Ley de Pensiones y cambios en el cálculo de la deuda previsional

 https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/10/02/nueva-ley-de-pensiones-y-cambios-en-el-calculo-de-la-deuda-previsional/

La siguiente columna de opinión es fome, pero necesaria. Demasiado técnica, tal vez, pero con efectos muy prácticos y concretos.

 La nueva Ley de Pensiones, Ley 21735, que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, fue promulgada en marzo 2025 y comenzará a regir en abril 2027 (aunque algunas normas comenzarán su vigencia con antelación a dicha fecha, y otras con posterioridad, según se establece en la propia ley).

 Pues bien, esta ley también establece modificaciones regulatorias. Dentro de las modificaciones que se realizarán, hay una en particular que ha pasado piola, nadie la comenta, a pesar de tener un impacto significativo: se modifica el DL 3500 de 1980 en lo que se refiere al cálculo de la deuda previsional que mantiene un empleador.

 Pongamos contexto. Hasta ahora, el DL 3500 en su artículo 19 señalaba que el cálculo de la deuda previsional sería el mayor valor de los siguientes montos: a) Reajuste por IPC + interés penal, donde interés penal = interés para operaciones reajustables aumentado en 50% (que es la Tasa Máxima Convencional, TMC), b) Interés para operaciones no reajustables + 50% (que es la TMC para operaciones no reajustables), c) Rentabilidad nominal promedio últimos 12 meses de las AFP + 50%. Había, en consecuencia, una cierta lógica: la de compensar al afiliado, a lo menos, el costo de oportunidad de los fondos de pensiones más un premio. Aparte de lo anterior, hasta agosto 2017 se aplicaba un 20% de recargo a favor de la AFP.

 Si usted encuentra enredado lo anterior, permítame decirle que la distorsión principal no es esta. La Superintendencia de Pensiones, con el fin de “aclarar” el artículo 19 del DL 3500, en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones Libro II, Título IX, Letra B, Anexos, en el Anexo Nº 2, redactó la “Metodología de cálculo de liquidación de cotizaciones previsionales impagas”. La ambigüedad e imprecisión de este documento, que no pasa un test de mínima rigurosidad académica, hasta el día de hoy induce a error en el cálculo. En resumidas cuentas, con una alta probabilidad, se malinterpreta esta norma y los cobradores aplican la Tasa Máxima Convencional + 50%. Y nadie dice nada.

 Otras consideraciones técnicas donde la metodología “aclaratoria” de la Superintendencia de Pensiones genera confusión, ambigüedad o induce a error son, a lo menos, las siguientes:

a   a)     Confusión en aplicar el reajuste por IPC sin discriminar posteriormente se trata de tasa nominal o real.

b   b)    La CMF establece específicamente una tasa reajustable y una tasa no reajustable que se debe considerar cuando la ley remite a la TMC, sin tener en cuenta el plazo y monto de la deuda. ¿Qué tasa se aplica para otros montos y plazos? La CMF no lo define. Entonces, dada la magnitud del rango de tasas existente para distintos montos y plazos, es posible caer en usura al aplicar la tasa que señala la CMF a una deuda cuyo monto y plazo corresponde a otro rango.

  c)   En la actualidad NO existe una única TMC. Existen 6 tipos de interés para operaciones no reajustables y 3 tipos de interés para operaciones reajustables. ¿Cuál elegir? La normativa no lo dice expresamente. ¿Y qué pasa para los casos de deudas cuyo atraso es mayor a 1 año? La normativa de cálculo no lo dice expresamente.

  d)    No toda Tasa Máxima Convencional se define como el interés corriente aumentado en 50%. La normativa de cálculo de la deuda previsional no considera este escenario.

  e)    El hecho que en el análisis exista el ítem Rentabilidad nominal promedio últimos 12 meses de las AFP +50%, apunta a asegurarle al afiliado que existirá a lo menos una compensación del costo de oportunidad, por reponer el retorno que dejó de ganar debido a que sus cotizaciones no fueron pagadas, más una compensación extra de un 50%. Sin embargo, la normativa aplica la misma rentabilidad promedio de los fondos de pensiones en el caso de una deuda que excede los doce meses.

 

¿Cuál es el impacto de la sumatoria de todo lo anterior? La magnitud del error puede llegar a dar como resultado un cálculo de deuda cuyo monto puede ser más de 20 veces la deuda original. Un taxímetro financiero descalibrado o adulterado que resulta impagable en perjuicio del propio afiliado, y que va en contra de otro cuerpo legal, la Ley 18010. Esta última establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero, y define la Tasa Máxima Convencional; su espíritu es poner un límite a la tasa de interés de las operaciones de crédito, con el fin de no cobrar tasas usureras. Y dicho límite es la TMC. Entonces, pretender mal aplicar a una deuda previsional la TMC aumentada en 50%, que es lo que ocurre en la práctica, es usura.

 ¿Qué pasa con una deuda cuando hay usura? Es interesante notar que el artículo 8 de la Ley 18010 señala que “se tendrá por no escrito todo pacto de intereses que exceda el máximo convencional, y en tal caso los intereses se reducirán al interés corriente que rija al momento de la convención o al momento en que se devenguen los respectivos intereses”. Con este recálculo, el acreedor debe devolver intereses recibidos en exceso. En efecto, el mismo cuerpo legal agrega que “cuando corresponda devolver intereses en virtud de lo dispuesto en esta ley, las cantidades percibidas en exceso deberán reajustarse en la forma señalada en el artículo 3°, inciso primero”.

 Ahora bien, dicho todo lo anterior, la buena noticia es que el artículo 67 de la nueva Ley 21735 modifica el cálculo de la deuda previsional y lo corrige, aunque de forma imperfecta.

 Veamos primero lo positivo. El monto nominal de la deuda será reajustado de acuerdo con la variación que experimente la UF en el periodo respectivo. A esta deuda reajustada se le aplicará un interés mensual que será equivalente al mayor valor entre: a) “La rentabilidad real mensual del Fondo de Pensiones al que el trabajador esté adscrito en la respectiva Administradora, calculada por la Superintendencia, en el respectivo mes”, o b) “La tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional de menos de un año, que fije la Comisión para el Mercado Financiero, mensualizada”.

 Sí, lo positivo es que la modificación que establece la Ley 21735 respecto del cálculo de la deuda previsional es un gran avance y apunta a corregir un grave error en la usura de la cobranza actual. Es un cálculo más “racional” desde el punto de vista financiero. Y, al ser más claro, disminuye la probabilidad de error y confusión… aunque apareció después de 45 años.

 ¿Pero por qué razón es imperfecta la modificación de la Ley 21735? ¿Cuál debería ser el cálculo justo de una deuda previsional? De eso tratará la continuación de esta columna en una segunda parte, la que espero no sea tan fome.

 

Iván Rojas B.

Caso Australis, ¿dónde está la CMF?

 https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/08/07/caso-australis-donde-esta-la-cmf/

El caso Australis es digno de análisis porque refleja que se nos pasan elefantes caminando enfrente de nuestras narices y no nos damos cuenta.

Antes del análisis, un poco de contexto. El empresario chileno Isidoro Quiroga vendió a la compañía china Joyvio la salmonera Australis en US$ 921 millones en 2019, y en ese proceso, los chinos alegaron que en el due diligence y a la hora de negociar la compraventa se les ocultaron graves problemas de sobreproducción de salmón, con el fin de alcanzar un precio más alto, y dijeron ser víctimas de una estafa. Los chinos pedían deshacer la venta y que se les devuelva lo pagado más US$ 300 millones en daños. Señalaron que la sobreproducción sistemática fue para justificar los múltiplos de valorización de la compañía que terminaron pagando; sin sobreproducción –dijeron-, la empresa valdría la mitad de lo que se pagó. Por su parte, la versión chilena del cuento planteaba que los chinos estaban al tanto de dicha “iregularidad”, la cual habría sido informada.

Recientemente, un tribunal arbitral rechazó anular el contrato y descartó dolo, pero condenó a Quiroga y su familia a restituir parte del precio por sobrevaloración y pagar casi US$ 300 millones a Joyvio, dueña de Australis, por entregarle información incompleta en la venta de la salmonera. La sentencia es la mayor en la historia arbitral chilena.

El tribunal dio por acreditada la sobreproducción de salmones. Quiroga niega los cargos y su defensa intentará anular dicha sentencia.

La discusión legal que viene tiene que ver con plata, evidentemente, y tecnicismos: determinar si la sentencia corresponde a una indemnización o a una compensación, ya que dependiendo de ello se aplicarían cláusulas distintas en el contrato original, y el monto puede variar considerablemente. Mientras tanto, el taxímetro de los abogados sigue corriendo.

En definitiva, este caso se ha centrado en determinar si los chinos sabían o no sabían de esta ilegalidad, y no en la ilegalidad en sí. La sobreproducción, que es el meollo y origen del asunto, hasta ahora se ha centrado como un problema ambiental, y ha dado origen a importantes multas de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Pero nada se ha hablado de la infracción a la Ley de Valores (Australis es una empresa que se transaba en bolsa antes de esta transacción).

Estamos hablando de una sobreproducción de 50% en varios años. El potencial de cosecha de los 47 sitios de Australis era de 117.000 toneladas por año, mientras que la cosecha autorizada era de tan solo 72.000 toneladas por año. La pregunta que debería centrar la discusión es: ¿nadie se dio cuenta? Qué raro. Se pudieron producir, transportar y exportar decenas de miles de toneladas en exceso (y millones y millones de dólares de diferencia) y nadie vio nada, nadie dijo nada, nadie supo nada. Ni aduanas, ni el SII, ni la CMF, ni los auditores, ni analistas, ni las estadísticas de comercio exterior llamaron la atención… qué raro. Ni el PxQ en los análisis llamó la atención. Pasó piola.

A Australis nunca “la pillaron” realmente; se autodenunció.

Me quiero centrar en la Ley de Valores. La CMF no ha dicho nada. No se registran sanciones formales impuestas por la CMF contra Australis en el período 2015–2025, según los registros oficiales. Tampoco se han informado procedimientos sancionatorios vigentes en el mismo período.

Entonces, una sociedad anónima abierta en bolsa, que envió sus estados financieros “cumpliendo” en apariencia con la normativa vigente y pasando el visto bueno de los auditores, pero que en su origen las cifras tienen un pequeño detallito: son fruto de una grave infracción a la normativa ambiental… ¿no es competencia de la CMF? Veamos.

La Ley de Mercado de Valores (Ley 18045), en su Art. 9 señala que el emisor debe “divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna toda información esencial respecto de sí mismo, de los valores ofrecidos y de la oferta. Se entiende por información esencial aquella que un hombre juicioso consideraría importante para sus decisiones sobre inversión”. El Art. 10 es más claro aún respecto del caso Australis, ya que exige a las instituciones que deben entregar información veraz “referida a los impactos ambientales y de cambio climático de las entidades inscritas, incluyendo la identificación, evaluación y gestión de los riesgos relacionados con esos factores, junto a las correspondientes métricas. La Comisión deberá especificar la forma, la publicidad y la periodicidad de la información a entregar por parte de las entidades inscritas, la que al menos será anual. En la elaboración de la citada normativa, la Comisión considerará estándares o recomendaciones nacionales o internacionales sobre la materia”.

El Artículo 59 de la Ley 18.045 señala las sanciones de entregar información falsa al mercado. Los estados financieros de Australis evidenciaron una situación financiera de la compañía que operaba fuera de la norma ambiental, una situación real pero falsa para un inversionista (y acreedor) que tomó sus decisiones basándose en el desarrollo de equilibrio en el mediano y largo plazo de la compañía y que compró acciones (o prestó plata) cuando ésta se transaba en bolsa. El caso Australis tiene eso de especial. Y uno pediría a la CMF una rigurosidad analítica que fuera más allá de un análisis somero del cumplimiento de la normativa respecto de los estados financieros de Australis, porque en este caso efectivamente hubo daño al mercado de valores que va al corazón de la fe pública. Y este daño es tanto o más importante que el conflicto Quiroga-Joyvio, y apunta a la esencia del quehacer de la CMF.

En 1837, en danés Hans Christian Andersen escribió la fábula El traje nuevo del emperador. La historia trata sobre un emperador que es engañado por dos tejedores para creer que le están confeccionando un traje mágico invisible para los tontos y los ineptos. La gente de la corte, temiendo parecer tontos, elogia el traje inexistente. Finalmente, un inocente niño grita que el rey está desnudo, lo que lleva a todos a admitir la verdad. Ya es hora de que alguien le diga a la CMF que el rey está desnudo.

 

 

 

Iván Rojas B.

Quiebra de Corona: crónica de una muerte anunciada

 https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/07/05/quiebra-de-corona-cronica-de-una-muerte-anunciada/

Con 72 años de operación, multitiendas Corona anunció que cerrará todas sus tiendas el próximo 10 de julio tras una resolución derivada de un proceso de quiebra.

El 5 de junio de 2025, la junta de acreedores aprobó el plan de reorganización, que dependía críticamente del financiamiento de $22.000 millones ofrecido por tres bancos, quienes finalmente revirtieron su compromiso, aduciendo falta de garantías líquidas y viabilidad operacional de la compañía. De esta manera, se precipitó la liquidación forzosa el 27 de junio de 2025.

¿Qué ocurrió con Corona, realmente? El análisis formal apuntaría al modelo de negocio de crédito directo -orientado a los segmentos C3-D-, que llegó a representar entre el 60 y el 70 % de sus ingresos. El negocio dependía críticamente de la cobranza, lo que expuso a la compañía a mayores riesgos en ciclos de desempleo o crisis de consumo.

El estallido social de octubre de 2019 provocó el saqueo y destrucción parcial de 12 tiendas, generando pérdidas extraordinarias. Posteriormente, la pandemia redujo drásticamente las ventas: el reporte anual entregado a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento muestra una caída de 52 % en los ingresos de 2020 en comparación con 2019, lo que llevó a cerrar temporalmente 38 de sus 51 tiendas por al menos 4 meses. A finales de 2020, la empresa logró un acuerdo de refinanciamiento con sus principales acreedores, pero este solo aplazó los vencimientos de deuda hasta 2024 sin incorporar nuevo capital, lo que se tradujo en un creciente sobreendeudamiento.

En el período 2021-2024, la compañía implementó un plan de reestructuración operacional que incluyó renegociación de arriendos, potenciar la plataforma de ventas online (que representó solo el 4% de las ventas totales en 2023, muy por debajo del 25% que promediaban competidores como Falabella y Ripley), y una reducción de un 36% de la dotación de personal.

Pero todo esto sirvió de poco. En abril de 2024, la compañía registraba un patrimonio contable negativo de $21.629 millones. Además, la tasa de morosidad de los créditos otorgados por Corona subió de 17% en 2020 a un 37% en 2024.

Hasta ahí un análisis convencional.  Pero ahondemos en un punto que, en mi opinión, constituye el centro del diagnóstico.  

El año pasado, la sociedad emisora de la Tarjeta Corona informó que cerraría su negocio financiero a partir del 27 de marzo de 2024, debido a la condición económica del país, la mora de los clientes en las líneas de crédito y los elevados niveles de inflación, lo que, en su conjunto, según el Directorio de la compañía, incrementó significativamente los costos fijos de operación de la tarjeta, haciendo inviable su operación. El Directorio planteó que la estrategia sería seguir reforzando el negocio de retail y moda, actividad que fue el principal motor de la compañía desde su nacimiento.

Esa fue una mala decisión; una crónica de una muerte anunciada, principalmente por dos razones.

En primer lugar, el modelo del negocio del retail cambió hace rato. Las tecnologías de información, inteligencia artificial, redes sociales e internet constituyen los pilares de una función de producción totalmente distinta al modelo concebido en tiendas físicas. Potenciar los canales online para “afirmar” el negocio del retail físico no es lo mismo que concebir hacer una tienda de retail desde cero. Es la destrucción creativa. Entonces, en el caso de Corona, deshacerse del negocio financiero para “fortalecer” el negocio puro del retail en base a los canales de venta online y logística, en un escenario donde ya estaba atrasada, y sabiendo que, en el mejor de los casos, sería un parche híbrido, fue suicida.  Temu, Shein, Aliexpress y Amazon son implacables con el hormigón armado y los gastos de administración del retail físico. ¿Aun utilizando el ratio ventas por metro cuadrado?

En segundo lugar, Corona se deshizo de su negocio financiero en un contexto donde la falta de competencia ha generado que sea el retail el que está al servicio del negocio financiero y no al revés. Falabella es la cadena más grande de retail en Chile y marca la pauta al resto; su retail tiene mínimas ganancias hace años. Su fuente de utilidades es el negocio financiero. Utiliza el retail como canal de venta para sus productos financieros. Falabella vende créditos a altas tasas, y los engancha con productos del retail. Sobre esto ya he escrito bastante. En este contexto, los retailers que no tienen negocio financiero están en muy mala posición para enfrentar los dos frentes de batalla: los grandes retailers con negocio financiero propio y los retailes tipo Temu. Y Corona eligió el camino más difícil: pelear sin tarjeta propia, que es el inicio del negocio financiero, en un mercado donde 3 cadenas mayores concentran el 82% de las ventas del rubro.

Sí, Corona sacrificó “lo complicado” y se quedó con lo malo, en vez de hacer todo lo posible por tratar de salvar el negocio financiero, empezar a eliminar tiendas físicas y crear un Banco Corona. Apostar por este camino quizás le habría dado a Corona algo de tiempo para reconvertirse. Porque seamos francos, la vaca lechera del retail financiero también tiene problemas. Dicha fuente de utilidades se basa en retornos extranormales generados en un mercado con imperfecciones. Considerando solo la banca tradicional, no existe competencia real en los créditos de consumo a las personas. La mera existencia de varias Tasas Máximas Convencionales es un reflejo de lo anterior. El alto ROE de la banca es otro síntoma de la poca competencia. Si a lo anterior agregamos que el oligopolio de la banca tradicional tiene barreras de entrada para ofrecer créditos de consumo en el oligolopio del retail, existe una especie de “imperfección sobre imperfección” que sustenta el negocio financiero de Falabella, el principal actor de este mercado conjunto.

En equilibrio, en un mercado que converge hacia una situación de competencia real que se va depurando cada vez más, y con una función de producción moderna y eficiente, ni Corona ni Falabella sobrevivirán sin cirugía mayor: reconvertir las tiendas físicas y los malls en un modelo de negocio totalmente nuevo, para adaptarse a menores márgenes dados por las señales de precios de equilibrio. No todos van a sobrevivir. Habrá quiebras, fusiones y adquisiciones… y el precio de la acción en bolsa se desplomará.

Y en ese escenario, cuando los retailers tipo Temu o Shein empiecen a ofrecer créditos, la amenaza se hará realidad y llegará directamente a los bancos. Volveremos al mismo diagnóstico económico de la destrucción creativa: nuevas señales de precios de equilibrio, competencia global en mercados integrados, menores márgenes… buenas noticias para los consumidores; crónica de muerte anunciada para los bancos y retailers que no logren adaptarse.

No hay que esperar que la amenaza se convierta en advertencia. El caso Corona es un buen ejemplo -otro más-, tanto para el resto del retail como para la banca tradicional.

En el caso de Tricot, compañía similar a Corona en su estrategia, ésta posee un nivel de endeudamiento bajo control y participa activamente en el negocio financiero mediante la tarjeta de crédito propia. Este instrumento de pago, originalmente una tarjeta de tienda, hoy es una tarjeta Visa de marca compartida que permite a los clientes comprar tanto en Tricot como en comercios asociados, acceder a avances de efectivo y otros créditos de consumo. La actual base de clientes en torno a los 458 mil clientes activos de la tarjeta, junto con una razonable morosidad y tasa de castigo, permiten que Tricot esté en una mejor posición que Corona. Pero si no quiere seguir el mismo destino, Tricot debería considerar fortalecer su negocio financiero (la tarjeta propia es sólo el primer paso), mientras reconvierte sus tiendas físicas y potencia sus todavía bajas ventas online (5% del total). En definitiva, hacer lo que Corona no hizo: ganar tiempo antes que la destrucción creativa diga ¡basta!, incluso al negocio financiero actual. ¿Banco Tricot?

 

Iván Rojas B.

Trump y sus aranceles

 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/04/11/trump-y-sus-aranceles/

 

Ya se está hablando de guerra comercial. Y el mundo ha entrado en pánico. Tratemos de poner paños fríos y analizar los posibles escenarios futuros.

La razón oficial para establecer el aumento de los aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos ha sido la falta de reciprocidad en las relaciones comerciales bilaterales, las que se evidenciarían en tasas arancelarias y barreras no arancelarias dispares, y políticas económicas de sus socios comerciales que suprimen los salarios y el consumo internos. Todo esto se reflejaría en los grandes y persistentes déficits comerciales, los cuales, en opinión del gobierno de EE.UU., han provocado el debilitamiento de la base manufacturera del país. 

Un poco de historia, antes del análisis.

¿Quién ha promovido la liberación del comercio internacional?

Desde 1934 la evolución de la política comercial de EE.UU. ha estado centrada en la reciprocidad, donde el país buscaba acuerdos para reducir tarifas arancelarias con socios comerciales clave. Entre 1934 y 1945 se firmaron 32 acuerdos bilaterales. Entre 1947 y 1994, los países participantes participaron en ocho rondas de negociación, que resultaron en los Acuerdos Generales sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y siete rondas posteriores de reducción arancelaria, entre las cuales está la Ronda Tokio. Posterior a la segunda guerra mundial se pensaba -¿inocentemente?- que, si Estados Unidos lideraba el mundo en la liberalización de las barreras arancelarias y no arancelarias, el resto del mundo seguiría su ejemplo.

Los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaron consolidar sus aranceles sobre la base de la nación más favorecida (NMF). El objetivo del principio de la nación más favorecida fue evitar que los países traten de manera más favorable a algunos socios que a otros. Así, un arancel se aplica de manera uniforme a todos los miembros de la OMC. Cualquier ventaja que se conceda a un producto de un país se debe conceder a todos los productos similares de los demás países miembros de la OMC (El arancel NMF no incluye los aranceles preferenciales que se establecen en acuerdos de libre comercio). Lo que no acordaron fue llevar los aranceles a niveles igualmente bajos ni aplicar aranceles sobre una base recíproca. En consecuencia, según la OMC, Estados Unidos tiene uno de los aranceles NMF promedio simples más bajos del mundo, un 3,3%, mientras que muchos de sus principales socios comerciales, como Brasil (11,2%), China (7,5%), la Unión Europea (5%), India (17%) y Vietnam (9,4%) tienen aranceles promedio simples significativamente más altos.  Estos aranceles promedio de NMF ocultan discrepancias mucho mayores entre las economías en los aranceles aplicados a productos específicos. 

Además, existen barreras no arancelarias que tampoco siguen el principio de reciprocidad, tales como, restricciones de licencias, barreras técnicas y medidas sanitarias. También se observa una inequidad en las políticas internas de otros países, como las prácticas cambiarias y los impuestos.

Este desequilibrio ha tenido asociado déficits comerciales persistentes para EE.UU., los cuales han aumentado 40% en los últimos 5 años, alcanzando los US$1,2 trillones en 2024. 

Volvamos a analizar el aumento de aranceles. 

Según un informe emitido por la Casa Blanca, el resto del mundo impone a EE.UU. aranceles equivalentes a 73%, incluyendo manipulación de monedas y barreras al comercio. En contraposición, EE.UU. impondrá al resto del mundo, tras la última orden ejecutiva emanada por el presidente Trump, un arancel equivalente al 37%. ¿Le parece a usted que es algo muy irracional?

Veamos algunas comparaciones entre países ricos. La Unión Europea -que es el bloque donde EE.UU. tiene el segundo déficit comercial más grande, con US$ 208 mil millones- impone a EE.UU. un arancel equivalente a 39%; EE.UU. aumentó su arancel a 20%. Japón le impone 46%; EE.UU. lo aumentó a 24%. Reino Unido le impone 10%; EE.UU. igualó dicho arancel.

Un caso especial es China, país con el cual EE.UU. tiene su principal déficit comercial (US$ 279 mil millones). China le impone a EE.UU. un arancel promedio equivalente de 67%; EE.UU. aumentó su arancel equivalente a la mitad (34%).

Ahora bien, ¿son la falta de reciprocidad y la asimetría de aranceles entre EE.UU. y el resto del mundo, razones de peso desde el punto de vista económico para responder con un arancel de represalia? ¿Es una razón de peso fortalecer una alicaída producción interna? En principio, no. Un arancel se puede comparar a un aumento en los costos de transporte: si otros países “dañan sus carreteras y puertos”, no hay necesidad de hacer lo mismo. Responder con aranceles de represalia empeoraría aún más la situación.

 Si lo que se busca es crear o mantener empleos vía aranceles, en el fondo es mantener empleos ineficientes donde quizás no haya ventajas comparativas, pudiendo crear problemas de estanflación peores que la creación de empleo ineficiente por la vía de la política fiscal o monetaria.

Si lo que se busca es “cuidar”, por razones ajenas a la economía, alguna industria clasificada como “estratégica”, los economistas no tienen mucho que decir en este caso, ya que las decisiones escapan del ámbito técnico. Con todo, un subsidio a dicha industria sería mejor que un arancel, porque haría que el precio interno del producto bajara al precio internacional, en lugar de elevar el precio del consumidor hasta igualarlo al costo interno de producción. Sin embargo, en este caso estamos hablando de industrias puntuales –estratégicas- y no de todo el sector manufacturero. Lo mismo se aplicaría a una industria “infantil”, donde un arancel temporal permitiría desarrollarse en su producción hasta lograr la eficiencia tecnológica.

Finalmente, me quiero referir al argumento que plantea que la lógica detrás de esta inequidad arancelaria es que las economías ricas tienen aranceles bajos y las pobres tienen aranceles más altos, con el fin de que estos últimos potencien su sector exportador.  La “vuelta de mano” –se plantea- es que estos países pobres compran a los ricos productos caros con mayor valor agregado. “Nosotros les vendemos cobre, vino y fruta, y les compramos maquinaria, computadoras, autos”, es la caricatura de ejemplo. ¿En qué lugar clasifica usted a la Unión Europea, Japón e Inglaterra, donde también se observan inequidades arancelarias con EE.UU.? En el caso de las economías más atrasadas o “jóvenes”, se puede desarrollar un argumento a favor de una protección moderada para acelerar las tendencias de largo plazo económicamente deseables, en las cuales se expanda su frontera de posibilidades de producción en los sectores donde se requiera una protección… y aquí el punto clave, temporal.

Escenarios posibles.

¿Habrá represalias arancelarias relevantes por parte de otros países? No lo veo como escenario posible, toda vez que la señal de Trump ha sido clara y a nadie le conviene una segunda o tercera ola de aumentos de aranceles.

Lo que sí quizás ocurra es -agregándose a esta guerra comercial- una guerra de monedas, donde países busquen devaluar sus monedas para morigerar los efectos del aumento en los aranceles y hacer más competitivas sus exportaciones. Pero no debería permanecer por mucho tiempo, dado el costo y efectos colaterales.

Asumamos que Trump sabe que aumentar aranceles no es el óptimo económico. ¿Cómo abordar, entonces, las desigualdades arancelarias, si cada vez que se plantea el problema se bloquean las soluciones? La única razón que validaría un arancel de represalia es enviar una señal clara y potente, disuadir al resto de elevar aún más los aranceles y comprometer en el acto una nueva ronda de negociación en la cual se evalúen todos los aranceles, de lado y lado. Este sería un escenario probable: una treta; pero si la treta no funciona, no hay nada más perjudicial para la popularidad de un país en el extranjero como la reputación de ser un país de elevados aranceles; y si funciona, nadie dará las gracias.

 

Iván Rojas Bravo

Censo 2024 y reforma de pensiones

 https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/04/05/censo-2024-y-reforma-de-pensiones/

Uno de los resultados del censo 2024 que más comentarios ha generado ha sido la caída en la tasa de natalidad (y sus consecuencias), la cual se encuentra entre las más bajas del mundo. Y eso que aún no llegamos a ser un país desarrollado. La fecundidad en Chile sigue bajo el nivel de reemplazo generacional. La Tasa Global de Fecundidad de 2022 llegó a 1,25 hijos y, según datos provisionales, la de 2023 se redujo a 1,16, la más baja en la historia de Chile.

Por otra parte, la población envejece y vive más tiempo. Actualmente la esperanza de vida al nacer en Chile es de 81,3 años. En solo 32 años, la población de mayor a 64 años se más que duplicó, pasando de 6,6% en 1992 a 14% en 2024, mientras que la población menor de 15 años se redujo a casi la mitad, desde 29,4% a 17,7% en igual periodo. El Índice de Envejecimiento (cantidad de adultos mayores por cada 100 menores de 14 años) subió 254%, pasando de 22,3 en 1992 a 79 en 2024. El porcentaje de hogares compuesto solo por adultos mayores pasó de 4,3% en 1992 a 11,6% en 2024.

La tendencia de las cifras anteriores no es sorpresa. La cuantía del cambio, quizás. Pero se veía venir. Y este es, lamentablemente, el oscuro panorama de “contexto” que la reforma de pensiones no consideró.

El problema de las pensiones es, en esencia, un problema económico derivado de un escenario demográfico cambiante. El mercado de capitales, en su esencia más pura, no está para solucionar un tema demográfico. Pero sí puede ayudar. Tener claro lo anterior, cosa que no es tan evidente, nos hace tener conciencia de las variables relevantes y dimensionar el alcance y limitaciones del propio sistema de pensiones y de cualquier (des)ajuste al mismo.

En la última reforma al sistema de pensiones, ¿se corrigieron al alza las edades de jubilación de hombres y mujeres, y se dejaron parametrizadas a los aumentos en la esperanza de vida? No. Cuando se diseñó el sistema de capitalización individual, se estimaba una esperanza de vida de 10 años post pensión; cuatro décadas después hay que financiar el doble de años.  La reforma de pensiones ni siquiera hizo un ajuste gradual en este parámetro estructural. Y la esperanza de vida va a seguir aumentando. Una buena noticia que sin duda trae desafíos en políticas públicas.

Las expectativas de vida reales no han sido consideradas en forma íntegra en la estimación de las rentas vitalicias que ofrecen las compañías de seguros de vida a los pensionados. Y la reforma tampoco aprovechó la oportunidad para hacer un ajuste.

La reforma tampoco puso los incentivos en aprovechar la mayor esperanza de vida y su consecuente capital humano formado, postergando la edad de jubilación; al contrario, inventiva la pensión anticipada.

En lo referente a la parte solidaria del sistema, la reforma no simplificó el sistema de pensiones, sino que le agregó mayor complejidad en términos de económicos, de operación, evaluación, transparencia y análisis. Se estableció un impuesto al trabajo “con cargo al empleador” (término marketero que no considera la elasticidad precio del empleo para determinar quién es realmente el que paga dicho impuesto), cuya administración estará a cargo de una entidad llamada Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), en vez de entregar esta ayuda a los pensionados necesitados con cargo a impuestos generales, y así dejar “limpio” el sistema de capitalización individual y con derechos de propiedad claros y transparentes.

Por otra parte, se sigue cometiendo el error conceptual de hacer estimaciones utilizando retornos esperados en vez de utilizar el Equivalente Cierto de los mismos. A estas alturas, después de todas las advertencias dadas, este error es consciente y premeditado, y no hace más que alimentar ilusiones y alejarse del diseño original de operación en un ambiente seguro.

La reforma tampoco abordó el grave problema que existe con las rentas vitalicias que ofrecen las compañías de seguros, las cuales sobreviven gracias a la ficción contable que bondadosamente la Autoridad permite mediante normativa supuestamente técnica y compleja, en la cual se subvalorizan las deudas por pagar a los pensionados, al no considerar la real esperanza de vida y la correcta tasa de descuento libre de riesgo. Se perdió una oportunidad de oro para desnudar y regularizar diplomáticamente esta situación, calcular bien el patrimonio contable que se esfumaría en cada compañía de seguro y exigir los cuantiosos aumentos de capital en un plazo razonable.

La reforma perdió la oportunidad de sincerar los problemas reales y abordarlos. Más bien los esconde, complejiza el sistema y sigue haciendo promesas que ni el mercado de capitales, ni los cambios demográficos, ni las finanzas públicas van a poder solucionar. En 10, 15 o 20 años más no solo vamos a seguir hablando de estos mismos problemas aún más graves, sino que nacerán otros nuevos. Y todos vamos a estar más viejos y más pobres en nuestra cuenta de capitalización individual. Ah, y por cierto, el Estado tendrá una gigantesca deuda contingente por pagar a los pensionados.

 

Iván Rojas B.